El juez que investiga los sucesos del Madrid Arena, en el que murieron cuatro jóvenes a causa de una avalancha durante una fiesta, citará a declarar como imputados al gerente de la empresa organizadora, Miguel Ángel Flores, y a los representantes legales de las empresas de seguridad del evento.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado citará a declarar a estos imputados en el curso de esta semana "o a más tardar a principios de la semana próxima".

Los imputados son el empresario Miguel Ángel Flores, gerente de la empresa Diviertt, organizadora del evento; el representante legal de la empresa de seguridad Seguriber y el representante legal de Kontrol 34, la empresa de servicios que supuestamente se encargó del control en el interior del recinto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, también ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que "con carácter inmediato" le comunique qué Concejalía es la encargada de tramitar la cesión de los locales municipales para este tipo de eventos, "con el ánimo de citar, en principio en calidad de testigo, al responsable de la citada Concejalía".

El magistrado que instruye las diligencias previas en relación con el suceso ocurrido la madrugada del pasado día 1 llevará a cabo mañana martes, a partir de las diez de la mañana, la inspección ocular del recinto.

A esta inspección acudirán representantes del Ministerio Fiscal, de la Policía Científica y de la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, así como dos policías nacionales y un agente municipal de Madrid que acudieron a la fiesta estando fuera de servicio.

El magistrado también ha requerido a la Policía Científica que haga una simulación por ordenador para establecer el número de personas que caben en el pabellón Madrid Arena "y las que realmente había".

Dentro de las diligencias, el magistrado ha hecho un ofrecimiento a las familias de las cuatro jóvenes fallecidas y a la familia de la que permanece ingresada en estado grave por si consideran la posibilidad de personarse en las actuaciones como acusación particular.