El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ve "muy complejo" que la nueva normativa sobre desahucios que prepara el Gobierno pueda tener carácter retroactivo, es decir, aplicarse a desalojos ya realizados.

Moliner ha inaugurado en Bilbao las VIII Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia, en las que ha hablado sobre los desahucios tanto en su discurso como en unas declaraciones posteriores a los periodistas.

El presidente del CGPJ ha iniciado su discurso de apertura expresando su consternación ante el fallecimiento de Amaia Egaña, la mujer que se suicidó el pasado viernes en Barakaldo cuando la comitiva judicial acudió a su vivienda a desalojarla.

Moliner ha mostrado su solidaridad a la familia y ha destacado la "sensibilidad del poder judicial" ante estos casos, un poder judicial "integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad".

El presidente del CGPJ ha instado a que no haya demoras en las soluciones a los desahucios por "quien tiene responsabilidad en materia legislativa, sin excluir a los propios miembros del poder judicial".

El CPGJ no va a hacer propuestas en este sentido porque "no le corresponde hacer propuestas legislativas. Ha sido la sociedad la que lo ha promovido este asunto, los grupos parlamentarios están en ello y nos parece muy bien que atajen esta cuestión".

No obstante, ha defendido que "también los jueces podemos hacer mucho en esta materia; los jueces hemos tenido desahucios toda la vida. Llevamos cuarenta y tantos años con la desgracia de tener que desahuciar gente, y tenemos posibilidades que la letra de la ley no le da, pero el juez no es un aplicador de la letra de la ley, es un aplicador de la ley, y eso permite interpretaciones para adaptar la decisión a las circunstancias del caso".

"Hay principios constitucionales, directivas comunitarias, principios de derecho contractual que en situaciones gravísimas de pérdida de vivienda se pueden arbitrar, y se está haciendo por parte de algunos jueces, que por ejemplo, ante un desahucio plantean una cuestión prejudicial" (ante una instancia superior, lo que alarga el proceso).

Preguntado por la resolución de la abogada general de la Comisión Europea que criticó la semana pasada la norma española de créditos hipotecarios por su desprotección hacia el consumidor, Moliner ha dicho que "es un tema muy delicado. Cada consumidor es uno. Si yo no pago mi hipoteca pudiendo hacerlo soy un consumidor que no tengo derecho a no pagar. Sin embargo, una familia en riesgo de exclusión social es un consumidor que puede estar perjudicado".

"Lo que se debe hacer es darle al juez más posibilidades de discernir situaciones", ha concluido.