La dimensión social y mediática que han adquirido los desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca han logrado una inusual unanimidad entre Gobierno, principales partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El debate sobre la posibilidad de introducir cambios legales en los procedimientos de desahucio ha calado y desde los más diversos ámbitos se han puesto encima de la mesa una amplia batería de medidas para atajar el problema, al tiempo que el Gobierno y el principal partido de la oposición van a reunirse para intentar pactar una solución.

El propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mostró públicamente la semana pasada su disposición al acuerdo en una réplica al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y hoy ha anunciado que la primera reunión para tratar el asunto será mañana y en ella estarán la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano.

Rajoy ha confiado en lograr una decisión equitativa y justa" y ha mostrado su disposición a que las eventuales medidas se adopten "a la mayor celeridad posible" y sean "de aplicación inmediata".

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha asegurado que están dispuesto a ir, si es necesario, "más allá" del código de buenas prácticas de la banca aprobado en marzo en el objetivo de frenar los desahucios y ha subrayado que su partido abordará la negociación "sin ningún prejuicio".

El PSOE, que la semana pasada registró en el Congreso una proposición de ley para modificar la normativa de desahucios, ha anunciado que presentarán una enmienda de reforma de la Ley de Alquileres para que las entidades financieras intervenidas estén obligadas a alquilar preferentemente a las familias desahuciadas las viviendas intervenidas por impago que no han conseguido vender.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha entrado en el debate, después de que ayer el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, defendiera una reforma de la ley hipotecaria debido a las "disfunciones" que la actual normativa está produciendo y el impacto social que comportan.

Becerril se ha reunido con Sáenz de Santamaría y le ha trasladado la necesidad de regular un procedimiento de insolvencia para personas físicas similar al que existe para las empresas que evite llegar en todos los casos al desahucio.

El nuevo procedimiento regularía el establecimiento de plazos, prórrogas, quitas y esperas en el cobro de la deuda, limitando la responsabilidad patrimonial de las personas inmersas en él.

También abordarán hoy el asunto de los desahucios Soraya Sáenz de Santamaría y representantes de los ministerios de Hacienda, Justicia, Presidencia y Economía.

Desde el resto de partidos políticos también se han multiplicado hoy las propuestas. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que no se puede permitir que las familias que dejan de pagar su hipoteca de forma obligada sean "expulsadas" de su casa y ha señalado que existen fórmulas para evitarlo tal y como ya aplican otros países.

El portavoz de la Izquierda Plural, Chesús Yuste, ha lamentado que el PP y el PSOE no se hayan dado cuenta antes de la "tragedia" de los desahucios y ha denunciado que nadie del Grupo Popular se haya puesto en contacto con ellos para lograr un acuerdo.

Fuentes del Ejecutivo han indicado que la reunión prevista mañana entre el Rajoy y el líder de IU, Cayo Lara, la primera entre ambos en Moncloa, intentarán acercar posiciones ante el problema de los desahucios, después de que Lara haya expresado su intención de plantear al presidente nuevas medidas para paliar los desahucios.