El juez Pablo Ruz ha pedido a Justicia que dé curso "a la mayor brevedad" a la comisión rogatoria cursada a Marruecos hace tres años cuando su colega Baltasar Garzón acordó investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara por la desaparición de cientos de saharauis.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en una providencia dictada en la que se dirige a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia para que le comunique lo antes posible la situación de las actuaciones.

La comisión rogatoria se libró el 30 de octubre de 2007, cuando Garzón se declaró competente para investigar, entre otros, a Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y a Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.

Ruz detalla en su resolución que, "según obra en los antecedentes incorporados a la causa", dicha comisión fue "posteriormente" remitida con fecha de 18 de marzo de 2010 y que entró en el departamento que dirige Francisco Caamaño el pasado 10 de mayo.

Asimismo, el juez se dirige a las asociaciones de Derechos Humanos que presentaron la querella ante Garzón para que informen sobre la posibilidad de que la toma de declaración de 13 refugiados saharauis -que se intentó hacer a través de comisión rogatoria a Argelia para que fueran interrogados allí pero que no se realizó- se practique "en territorio español, previo desplazamientos de los testigos propuestos".

Además, Ruz les insta a que propongan "alternativas" que permitan practicar las diligencias judiciales acordadas por Garzón en febrero de 2009 en la comisión rogatoria librada a Argelia -que le remitió a las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)- y que en enero de este año volvió a reclamar al país argelino.

Garzón se dirigió a las autoridades argelinas ya que los trece testigos "residen actualmente en campos de refugiados en Argelia", y se ofreció a viajar a ese país ante "las dificultades y los costes de su eventual desplazamiento a España".

Entre los altos cargos marroquíes investigados en la Audiencia Nacional, también destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978; Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones, y Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981.

Los restantes son Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas; Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia.

Aparte de esta querella, el juez Ismael Moreno está estudiando la de la Liga Española pro Derechos Humanos contra tres ministros marroquíes y el gobernador de El Aaiún por el "asesinato" del español Baby Hamday Buyema en los disturbios registrados la semana pasada, y está a la espera de que la Fiscalía informe sobre su posición respecto de la admisión o no a trámite de la misma.