El Tribunal de lo Criminal de París estudia hoy el aplazamiento del juicio que comenzó contra la que fuera la cúpula dirigente de ETA, entre ellos su jefe político, Mikel Albisu, "Mikel Antza", y la responsable de las finanzas de la banda, Maria Soledad Iparraguirre, "Anboto".

El tribunal examina la demanda de uno de los abogados defensores de los nueve encausados, Jean François Blanco, quien pidió el aplazamiento hasta el 23 de noviembre por protestas profesionales de los abogados de Pau (suroeste).

El Colegio de Abogados de Pau ha iniciado acciones de protesta relacionadas con la reivindicación de la reforma del régimen general de arrestos en Francia y por la regulación de la función de los abogados de oficio.

Estas protestas pueden incidir en el desarrollo del proceso que comenzó hoy en París, según Blanco, decano del Colegio de Abogados de Pau, a cuya petición se asociaron el resto de los abogados defensores de este juicio.

El fiscal del Tribunal, Jean François Ricard, se mostró contrario a este aplazamiento poco antes de que la sala se retirara a deliberar sobre la cuestión.

El juicio contra los ex jefes de ETA comenzó hacia las 12:20 horas (11:20 GMT), dos horas y veinte minutos más tarde de lo previsto por el retraso en la llegada de los encausados al Tribunal.

Durante la cerca de una hora que transcurrió el proceso esta mañana se procedió a la identificación de los encausados, circunstancia que aprovechó Iparraguirre para lanzar el grito de "viva Euskadi libre" y declararse "militante de ETA".

Albisu pidió al presidente del Tribunal poder leer un texto durante la jornada de hoy y declaró, al ser preguntado por su profesión, que es "escritor y periodista".

Junto a Albisu e Iparraguirre (ambos de 49 años), otras siete personas se sientan en el banquillo en este juicio programado hasta el 17 de diciembre, entre ellas el presunto ex responsable de los escondites de armas y explosivos de la organización terrorista, Juan Cruz Maiza Artola (59 años).

Los seis restantes son propietarios de las casas o de explotaciones agrícolas diseminadas por el País Vasco francés que ETA utilizaba desde hacía años para guardar armas y explosivos, y de los que Maiza está acusado de ocuparse de su control y supervisión desde septiembre de 2001.