Los supuestos piratas somalíes detenidos en España por su participación en el secuestro del atunero vasco "Alakrana" en aguas del océano Índico, consideran que el armador del buque debe ser considerado responsable civil del mismo al no haber tomado precauciones pese a conocer los riesgos de la zona.

En su escrito de defensa, presentado hoy en la Audiencia Nacional por el abogado de "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", Andreas Chalaris, piden que testifiquen la ministra de Defensa, Carme Chacón, el ex titular de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y el embajador español en Kenia, Nicolás Martín, para "aclarar el precio del rescate y posibles condiciones" del mismo.

Así, reclaman también al Gobierno la desclasificación de los documentos relativos al supuesto pago por la liberación y solicitan que los dos procesados, para los que la Fiscalía solicita 220 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia e intimidación y uso de armas, sean juzgados en Kenia y no en España.

Se refiere a los piratas el escrito como "presuntos guardacostas" cuyos intereses no son meramente lucrativos, sino que se escudan "en la falta del poder político" de su país para considerar que los pesqueros que faenan en sus aguas "les roban la riqueza, considerando el rescate como si fuera un canon o tasa de faena o de paso".

Asimismo, replica el escrito que el Alakrana no siguió las normas del "Manual práctico para evitar y desalentar a la piratería en el Golfo de Adén y costas de Somalia ya que los pesqueros "no pueden seguir una ruta determinada, sino que irán allí donde les conduzca la pesca", aunque no hay que olvidar que se trata de una zona de "verdadero riesgo".

Por ello, atribuye "cierta culpa" al armador del atunero, Kepa Etxebarría, que "no han tenido ninguna precaución" ante los riesgos, y estima que la nave no estaba preparada "para enfrentarse a situaciones adversas ya de antemano conocidas", de forma que pide que la empresa aseguradora del buque comparezca como responsable civil directo o subsidiario.

La responsabilidad del armador es, a juicio del letrado, "palpable, o en su caso del capitán, y por qué no, de los propios marineros, teniendo en cuenta que conocían los puertos desde los que operan los piratas", y cita como antecedente el caso del Playa de Bakio, secuestrado por piratas somalíes en abril de 2008.

Insiste además en que sus dos representados "fueron ordenados por la fuerza" y "prácticamente arrojados al mar", por lo que subraya que también son también víctimas que fueron utilizados en España "como moneda de cambio" y que actuaron bajo "miedo insuperable o, en su caso, en obediencia", conductas reflejadas en el Código Penal.