El Congreso ha dado hoy luz verde a una amplia reforma electoral que, sin embargo, ha evitado introducir aquellos cambios que suponían modificar la Constitución, como la reforma del Senado, al considerar la mayoría de los grupos que no se daban las condiciones adecuadas para hacerlo.

Sin embargo, la proposición, firmada por el PSOE, PP, PNV y CiU y que también ha respaldado el BNG, incluye algunas novedades destacadas, como el recorte del poder de los tránsfugas o el voto en urna de los emigrantes.

No se ha tocado el sistema de elección, como insistentemente IU ha reclamado durante los casi dos años de trabajos de la subcomisión encargada de la reforma, aunque sí se han estudiado diferentes alternativas como aumentar a 400 los escaños o reducir a uno el número mínimo de diputados por provincia, ha señalado el portavoz socialista, José María Benegas.

Uno de los aspectos más significativos de la reforma, como ha defendido el diputado de CiU Jordi Xuclà, son las cortapisas que se ponen a los tránsfugas para que no puedan cambiar los ayuntamientos, de tal forma que se aumenta el número de firmas necesarias para apoyar las mociones de censura en igual número que de concejales tránsfugas.

"Y, por fin, algo simbólico", se ha congratulado Xuclà, al permitirse que el ciudadano deposite él mismo el voto en la urna.

Por parte del PNV, Aitor Esteban ha destacado otro de los retoques más novedosos de la ley y es el que posibilitará que los españoles emigrantes voten en urna y que puedan hacerlo durante tres días para facilitar los desplazamientos.

También se ha tomado la "acertada" decisión, ha explicado, de impedir a los emigrantes que voten en las elecciones municipales puesto que se daba la paradoja de que existían municipios que contaban con más habitantes censados en el exterior que en el propio ayuntamiento.

Al BNG le hubiera gustado ir más allá y que se hubiera imposibilitado que los españoles residentes en el exterior puedan ejercer el sufragio en las elecciones generales y autonómicas.

Otras medidas importantes que cambiarán la ley, ha detallado el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, es la reducción del presupuesto de los partidos durante la campaña electoral en un 15 por ciento, el mismo porcentaje que debe recortar la Administración de la propaganda institucional relacionada con las elecciones.

Del mismo modo, sólo se podrán hacer campañas publicitarias en los quince días que dura oficialmente la campaña, y durante este periodo se prohíbe al Gobierno inaugurar cualquier obra o servicio público, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento.

En el bando opositor a esta proposición, IU, ERC y UPyD han hecho piña frente a una iniciativa que, a su juicio, "arrebata votos a las minorías" para que los partidos mayoritarios puedan incrementar su representación, se ha quejado Gaspar Llamazares.

Una ley "a la carta" que ha tachado de "pucherazo, fraude y estafa" y cuyo objetivo, ha afirmado, es perpetuar el bipartidismo.

Joan Ridao, de ERC, ha opinado de forma similar al considerar que la reforma propuesta no corrige la "altísima desproporcionalidad" y conduce a la "extrema polarización política".

De "chapuza", "burla" y acto de "fraude" democrático la ha tildado la portavoz de UPyD, Rosa Díez, porque también cree que no se garantiza la proporcionalidad.

En contra también ha votado el diputado de Coalición Canaria, José Lus Perestelo, pero él porque la proposición impide votar a los emigrantes en las municipales, algo que el Gobierno canario, ha subrayado, recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Al haberse admitido a trámite la reforma electoral -tanto la proposición sobre aspectos generales como la que afecta a la Ley de Partidos- ésta podría aprobarse antes de final de año al contar con el respaldo de los dos grandes partidos, de forma que se convertiría en la más ambiciosa acometida hasta ahora desde la aprobación de la LOREG, en 1985.