El proyecto de ley del Registro Civil, que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso, prescinde de la histórica preferencia del apellido paterno frente al materno y permite que sean ambos progenitores los que decidan el orden de los apellidos, primando en caso de desacuerdo el orden alfabético.

Con esta novedad incluida en el proyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio, el Gobierno pretende avanzar en la igualdad de género. En concreto, el artículo 49 de la futura ley señala que la filiación determina los apellidos y que si ésta está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden, y lo que decidan para el primer hijo deberá mantenerse para posteriores nacimientos.

"En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del Registro Civil determinará la elección de los apellidos según su orden alfabético", añade el texto.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, cree que el nuevo método es "más igualitario y democrático" porque reafirma el "principio de igualdad" y proclama la libertad de los padres para la inscripción, en el mismo sentido apuntado por los titulares de Política Territorial, Manuel Chaves, y el de Justicia, Francisco Caamaño. Alonso, además, añadió que se pretende evitar discriminación por razón de sexo y seguir un "criterio objetivo", el del orden alfabético, para los casos de falta de acuerdo entre los padres.

La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, señaló que el Gobierno abre con la reforma un "debate innecesario" que "no está en las demandas sociales urgentes de los españoles". Rudi consideró que el Gobierno es muy hábil "en lanzar cortinas de humo".

El portavoz de ERC en la Cámara, Joan Ridao, indicó por su parte que una reforma como ésta puede generar "algún problema de inseguridad jurídica", si bien, según sus palabras, será "muy excepcional"; mientras que, desde CiU, Jordi Jané tildó la modificación de "residual", porque la novedad la marcó la reforma de 1999, pero, en cualquier caso, aconsejó que se alcance mediante el consenso.

Otras novedad es que si el solicitante es víctima de violencia de género podrá cambiar su apellido a través de una orden del Ministerio de Justicia, sin otros trámites, en los términos fijados reglamentariamente.

En cuanto a la filiación, no se hará ninguna referencia al estado civil de los padres, equiparando así el matrimonio a cualquier otra situación.