El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró ayer que el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón contra la representante de la Mesa Nacional de Batasuna, Marije Fullaondo, que vincula a Batasuna y ANV "es un indicio importante más" para la ilegalización de esta formación. En este sentido, la parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin afirmó que desconoce si Fullaondo cobraba del Partido Comunista de las Tierras Vascas pero apuntó que no sería "argumento" para apuntar a la ilegalización.

En rueda de prensa celebrada en Cádiz, Rubalcaba señaló en cuanto al auto del juez Garzón que "contiene un indicio importante más de las relaciones que existen entre Batasuna y ANV". Asimismo, reiteró que "si un día la Fiscalía y la Abogacía del Estado reúnen indicios suficientes para asegurar que los tribunales darán la razón, que no quepa ninguna duda de que se irá a los tribunales a reclamar la ilegalización de ANV", aunque incidió que esto no ocurrirá "ni antes ni después". Rubalcaba aseguró que no se está dejando "ningún" día de trabajar y "están apareciendo indicios".

En cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional que decía que Ekin, Kas y Xaki forman parte de las "entrañas" de ETA, Rubalcaba manifestó que es "importante", porque "justamente va en esa dirección" de la lucha contra el terrorismo. Asimismo, añadió que había "escuchado algunas injustificadas críticas a la Audiencia, que hace un trabajo insustituible".

Al igual que Rubalcaba, el portavoz parlamentario del PSE-EE y secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, destacó ayer que van apareciendo "algunos indicios" para la ilegalización de ANV y el PCTV. Asimismo, Pastor, en una tertulia en Radio Euskadi, consideró que "el próximo trámite de la Fiscalía será ilegalizar EHAK".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró ayer su respeto por el auto dictado por el juez Garzón pero, ante la eventual ilegalización de ANV y el PCTV, pidió al Gobierno que "no se deje arrastrar por el PP".

Mientras, el diputado del PNV Emilio Olabarria pidió ayer el cese "inmediato" de Juan Pablo González como vocal del Consejo General del Poder Judicial después de que el viernes "responsabilizara de los crímenes de ETA" al Gobierno vasco. Olabarria calificó de "indecorosas, desmesuradas y fóbicas" las manifestaciones de González, que afirmó que el Ejecutivo "da cobertura social, política e ideológica" a la banda armada por su apoyo a los condenados en el sumario 18/98.