El Pleno de la Sala de lo Penal rechazó ayer admitir a trámite la querella presentada por el Comité de Ayuda a la Disidencia 2506 (CAD 2506) contra Fidel Castro por delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y terrorismo. El tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, entiende que Castro sigue siendo jefe de Estado, pese a que debido a su convalecencia haya cedido el mando a su hermano Raúl.

El juez Santiago Pedraz inadmitió ya esta querella el pasado mes de febrero al entender que este asunto era ya "cosa juzgada" puesto que se habían pronunciado sobre los mismos hechos el Juzgado Central de Instrucción número 2 y la Sala de lo Penal, que archivaron dos querellas anteriores similares, presentadas en esta ocasión por otra asociación, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Sin embargo, el CAD 2506 recurrió la inadmisión, de forma que la decisión dependía ahora de la Sala de lo Penal. En su apelación la asociación indicaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez Pedraz daban la impresión, al rechazar la admisión a trámite, de "procurar garantizar a la dictadura castrista la inimputabilidad de los crímenes cometidos contra el pueblo cubano" y de "proteger y amparar a los criminales liderados por Fidel Castro".

Tercera querella

La querella, que recordaba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Guatemala que permite a la jurisdicción española perseguir los delitos de genocidio con independencia de la nacionalidad de las víctimas, es la tercera presentada en España contra el régimen de Castro. La Fundación Nacional Cubano Americana presentó contra el presidente cubano una primera demanda el 5 de noviembre de 1998, que también fue archivada por la Audiencia Nacional al entender que el Tribunal Supremo impuso la condición, en ocasión del estudio del genocidio del pueblo maya, de que las víctimas fueran españolas para investigar los hechos. Esta misma Fundación presentó en 2005 otra querella en la que pedía que se ordenara la detención, vía Interpol, de Castro, en cualquier país al que se desplazara, que fue también archivada por los mismos motivos que la anterior.

La querella afirma que desde que Castro llegó al poder comenzó "todo un mecanismo de represión de los derechos fundamentales y libertades públicas", mediante "la implantación de un terror revolucionario" a cuyo servicio se pusieron a trabajar el Departamento de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia y la Unidad Militar de Ayuda a la Producción.