La eventual presentación por parte del Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- o de la Fiscalía General del Estado de una demanda de ilegalización contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) conllevaría un mínimo tres meses de trámites procesales ante la denominada ´Sala del 61´ del Tribunal Supremo antes de que pudiera dictarse una sentencia al respecto, en cumplimiento de los plazos que prevé la Ley de Partidos.

Si la demanda se admite a trámite, la ley da un plazo de 20 días a la formación afectada para que conteste a la misma, tras lo cual se abriría un periodo de prueba con el fin de practicar las diligencias que requiera cada parte, y cuya duración vendría señalada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Del conjunto de pruebas que se admitan y practiquen también se debe dar cuenta a las partes, que dispondrán de otros 20 días para presentar sus alegaciones.

Durante toda esta tramitación, el Supremo podría adoptar medidas cautelares como la suspensión cautelar de actividades del partido hasta el momento de la sentencia. En el caso de Batasuna, la suspensión había sido ya decretada vía penal por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón meses antes de que el alto tribunal acordara la ilegalización de la formación política.

De esta forma, es probable que el plazo mínimo aproximado de tres meses pudiera incluso duplicarse en atención al periodo de presentación de prueba que se establezca por el tribunal, que se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil.