La fiscal Olga Sánchez manifestó ayer en su informe final que "la dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento realizado en algunos medios de comunicación de los atentados", en alusión a la difusión de teorías conspirativas sobre el 11-M.

Así lo manifestó la fiscal en la jornada cuadragésimo séptima del juicio, en la que reprochó la labor ejercida por algunos periodistas, de los que dijo que son "personas que a lo mejor en su momento pudieron aprobar la carrera de periodismo pero que no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática".

En ese momento, el presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez interrumpió a la fiscal y le aconsejó que recondujera su informe y no entrara en reproches personales, a lo que la representante del Ministerio Público respondió: "se han publicado y hablado cosas de este Ministerio Fiscal y de otras partes que hemos trabajado...".

Ante esta respuesta Gómez Bermúdez volvió a interrumpirla señalando que al llamarle la atención considera haber hecho "lo que me parecía lo más oportuno, creo que lo entenderá. En esta sala no vamos a hablar de lo que no son partes procesales" y añadió que los "reproches" a partes que no son del proceso no caben en la vista.

"No he pretendido hacer reproche personal o particular y no es costumbre de esta fiscal insultar a nadie", replicó Sánchez al destacar que la investigación realizada sobre los atentados del 11-M se ha hecho para "desentrañar" lo que ocurrió aquel "terrible día" y se ha llevado a cabo "dentro de los tribunales y no en otras instancias".

La fiscal recordó emocionada a las víctimas de los atentados y agradeció el trabajo que realizaron los distintos cuerpos de seguridad, así como sanitarios, bomberos, forenses, médicos o funcionarios judiciales. Señaló que ha intentado explicar a los familiares de las víctimas cuáles son las responsabilidades que les corresponden a los acusados y, tras calificar los atentados como un "horror difícil de olvidar", se dirigió a las familias y les dijo que "sus seres queridos no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no los olvidemos".

Estatuto del confidente

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista abogó por que se regule lo que denominó el "estatuto del confidente" policial por considerar que existe una laguna legal con respecto a las personas que tienen esa condición como es el caso de los acusados José Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier. Bautista hizo esta propuesta durante la exposición del informe final de la Fiscalía en la parte referida a la jurisprudencia aplicable a las pruebas obtenidas durante la investigación del 11-M y que incriminan en distinto grado a los 28 acusados. En este sentido, criticó que se haya sembrado la duda ante la legitimidad de ciertas pruebas relativas a la intervención de los procesados en el 11-M y manifestó: "por el hecho de que los acusados no se llamen Patxi y no lleven txapela, ¿no es terrorismo? Estamos ante un supuesto terrorismo, la mayor masacre terrorista de la Historia de España".

Respecto a uno de los motivos de nulidad alegados por algunas defensas, la larga duración del secreto de las actuaciones, Bautista negó que eso equivalga a indefensión, ya que el secreto de sumario se levantó en abril de 2006 y el juicio empezó 10 meses después, tiempo, según el fiscal, suficiente para estudiar los abogados el caso. También criticó irónicamente algunas de las alegaciones de las defensas, una de ellas referida a que la declaración policial de su cliente era nula por estar presente varios abogados, señalando que debió perderse "algún capítulo de derecho procesal de barrio sésamo".