Entre los detenidos están Jorge García Vidal e Israel Clemente, a los que el juez imputó el asesinato de la esposa del empresario Francisco Colell, Ana Isabel Herrero, ocurrido el 6 de febrero de 2006, y los atracos a sucursales bancarias en Castellón de la Plana -en el que resultó herido un empleado-, Santiago de Compostela y Murcia.

También les acusa de "allegamiento" de fondos a organización terrorista y falsificación de documentos.

A Isabel María Aparicio y Manuel Ramón Arango les atribuye los delitos de integración en banda armada, allegamiento de fondos y falsificación de documentos, los mismos cargos que imputó a José Francisco Cela Seoane, quien salió de la cárcel en 2004 y al parecer volvió a la clandestinidad en 2007.

El sexto detenido, Lucio García Blanco, fue acusado de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y explosivos, allegamiento de fondos y falsificación documental.

Los detenidos, que pasaron ayer a disposición judicial, fueron interrogados -algunos, como Aparicio, se negaron a declarar- durante unas doce horas, hasta la pasada medianoche, y ha sido a primera hora de hoy cuando Del Olmo decretó el ingreso en prisión incomunicada debido a que aún quedan pendientes por practicar algunas diligencias de trascendencia para la causa.

Con la operación de la Guardia Civil que permitió la detención de estos presuntos integrantes de la estructura clandestina del PCE (r)-GRAPO, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que se podía dar por "desaparecida" a la organización respecto a su estructura militar.

En relación con este grupo armado, el Tribunal Supremo celebró hoy una vista para estudiar los recursos presentados contra una sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2006 en la que pidió penas de entre 6 y 14 años de prisión para nueve miembros de los GRAPO y ordenó la disolución de su brazo político PCE (r).