El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 32 detenidos en la operación ´Tigris´ por su labor de captación y adoctrinamiento de muyahidines en España para enviarlos posteriormente a Irak. Entre los imputados figuran cinco arrestados en su día durante la instrucción de los atentados del 11-M en Madrid, uno de los cuales, Larbi Ben Sallam, se sienta en el banquillo por su participación en la masacre y para el que se piden 27 años de prisión.

La operación se desarrolló en junio de 2005 contra cuatro células islamistas en Madrid, Barcelona, Valencia y Ceuta y un quinto grupo mixto con miembros de Madrid y Barcelona. A excepción de la célula ceutí, que también traficaba con armas y drogas, la labor exclusiva de los procesados consistía en enviar muyahidines a Irak procedentes de la captación en la Península Ibérica. Del total de procesados, seis se encuentran huidos, por lo que sobre ellos pesan órdenes de busca y captura internacional. Otros trece deberán seguir en prisión provisional y otros seis en libertad a la espera de juicio. Lo que sí comparten todos ellos es la fecha de comparecencia en la Audiencia Nacional para que el juez les comunique su procesamiento: los días 14 y 29 próximos.

Correos electrónicos

Garzón considera suficientes las pruebas contra los imputados para dictar su resolución. Entre ellas, cita los análisis de los grupos de inteligencia policiales, las declaraciones de los detenidos, los reconocimientos fotográficos, los registros practicados y las comisiones rogatorias. Sin embargo, cobra especial importancia el contenido de los correos electrónicos que se intercambiaban los integrantes de estas células y a través de los cuales se transmitían instrucciones, claves y apoyo financiero.