El Ministerio del Interior prepara planes específicos de lucha contra la delincuencia en las inmediaciones de colegios e institutos, que se centrarán fundamentalmente en la vigilancia y control del tráfico de drogas, así como en la actuación de bandas organizadas.

Así lo anunció ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en el que aseguró que "la orden política está dada" y que el objetivo es que estos planes, que ayer comenzaron a estudiar un grupo de expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estén concluidos a final de año y empiecen a aplicarse en enero.

Alonso, que señaló que su departamento pondrá cada vez más énfasis en el control de este tipo de delincuencia, dijo que esa mayor presencia de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los centros escolares y la actuación de las mismas requerirá contactos con los responsables de los colegios e institutos y con las asociaciones de padres.

Atención al ámbito rural

El ministro explicó que, desde su llegada al departamento, ha considerado precisa una "acción específica" contra ese tipo de delincuencia y que ha dado la orden al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para que desarrolle esos planes con los expertos de la Policía y la Guardia Civil, ya que se ha registrado "un nivel de preocupación estimable" en relación con este asunto.

Aunque la mayor incidencia de la delincuencia en los alrededores de colegios e institutos se da en las grandes ciudades, también la Guardia Civil en el ámbito rural participará en esos planes de seguridad específicos, dijo Alonso.

El ministro señaló que esos dispositivos especiales en los alrededores de los centros educativos permitirán que alumnos y profesores puedan denunciar de modo inmediato situaciones delictivas y recibir una "protección específica".

José Antonio Alonso matizó que, además del fenómeno creciente de las bandas juveniles y de la violencia que utilizan, la preocupación de su departamento se concentra en el tráfico de drogas en los alrededores de colegios e institutos.

Entre las asociaciones de padres la decisión mereció opiniones dispares. Mientras para la Federación Católica de Padres se trata de una medida "necesaria", para la Confederación Española de Padres de Alumnos es un "error", ya que "no se pueden mezclar en una misma frase ´delincuencia´ y ´centros educativos´".