Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia rechazaron por unanimidad la creación de los Consejos Autonómicos de Justicia, propuestos en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el modelo de Justicia de Proximidad contenido también en el mismo.

Así lo manifestaron en la presentación de las conclusiones, hechas públicas ayer en Granada, al término de la reunión extraordinaria de presidentes de TSJ que desde el lunes se celebró en la capital de la Alhambra, con motivo del V Centenario de la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

A la presentación de las conclusiones asistió el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, que mostró su "preocupación" por las reformas planteadas por el Gobierno y recordó "he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución" en alusión a que sólo apoyará las modificaciones constitucionales. Sobre las conclusiones, manifestó su "apoyo a lo que acuerdan mis compañeros, máxime, cuando se adoptan por unanimidad".

En su informe, los presidentes consideraron que "no existe una verdadera necesidad de suprimir o sustituir las Salas de Gobierno", teniendo en cuenta el punto de vista de la eficacia y legitimidad de las funciones que actualmente desempeñan. En este sentido, estimaron "perturbador" el modelo de Consejos Autonómicos de Justicia propuesto por el anteproyecto.

De este modo, los presidentes insistieron en que las competencias que afectan a las garantías constitucionales del ejercicio de la función jurisdiccional "deben seguir residiendo en exclusiva y con plenitud en el CGPJ y en las Salas de Gobierno de los TSJ con su composición actual". Pero, los presidentes de los TSJ en las comunidades abogaron por potenciar las comisiones mixtas de cooperación entre las comunidades y las Administraciones y las Salas de Gobierno de los TSJ.

Los presidentes rechazaron el modelo de Justicia de Proximidad contenido en el anteproyecto porque introduce un modelo de juez que "quiebra las garantías de imparcialidad, inamovilidad e independencia"; porque la desigual implantación territorial crea "factores de desigualdad en el acceso de los ciudadanos" a la Justicia; y porque, según apuntaron, "no se encuentra ninguna ventaja respecto al modelo vigente".