El PP llevaba tiempo buscando la manera de encontrarle las cosquillas al Gobierno sin tener que volver al 11-M y, vista su radical reacción ante el Estatut catalán, parece haberla encontrado definitivamente en las reformas institucionales del Estado. Así habría que entender la petición de convocatoria anticipada de elecciones, que amenaza con ser una constante si el joven presidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su decisión de tramitar el Estatut como una reforma estatutaria, que es lo que en realidad es.

Vuelve así el fantasma de la España rota a una parte de España donde cuesta entender cómo es su propio Estado. Precisamente esa circunstancia está siendo aprovechada por el principal partido de la oposición y la orquesta mediática que le acompaña, conscientes ambos de que es fácil hacerlo y de que puede ser rentable en términos electorales, localizados, y de audiencia, más generalizados.

Del mismo modo, puede ser costoso para el Gobierno, que ante un ataque así sólo podría salvarse de la quema siendo muy didáctico y teniendo detrás el apoyo de un PSOE unido a favor de la España plural que representa, lo cual no parece muy verosímil.

El modelo unilateral de financiación de los catalanes será sin duda la clave del debate, que durará meses; acaso los suficientes para terminar proyectando la ya preocupante división de los partidos entre los propios ciudadanos.

Lo que sí es cierto es que, pase lo que pase, ya nada será igual en España tras el Estatut catalán. El PP de Mariano Rajoy tiene poco que perder en Cataluña, donde es marginal, y eso le permite echar el resto en muchas otras comunidades. Ojalá que no derive en incitación al enfrentamiento entre los pueblos de España, en palabras de ´El Periódico de Catalunya´ en su edición del pasado sábado.