"Al fin y al cabo, el Estatut es una ley española". Se lo escuché en cierta ocasión a Ernest Maragall, consejero de Presidencia de la Generalitat, un hombre con el nacionalismo en los genes y el socialismo en la biografía. Más o menos como su hermano. Por supuesto, Maragall lo decía desde la contrariedad, como si la condición ´española´ del régimen de autogobierno en Cataluña fuese una lamentable malformación histórica. Pero servidor retiene y apela a esa luminosa frase a modo de guía ocasional para uso de pesimistas. Pesimistas o gente perpleja y realmente preocupada. Demasiadas provocaciones a la Constitución, a las otras Comunidades Autónomas y al resto de los españoles, en el farragoso borrador de Estatut aprobado en el Parlamento de Cataluña.

Lo que quiero decir es que, superado el tramo catalán, que es el inicial y se concreta en una propuesta -es lo que se aprobó ayer, una propuesta del Parlament- la suerte del proyecto pactado o pasteleado por los partidos catalanes, excepto el PP, depende de las Cortes Generales, como institución depositaria de la soberanía nacional.

Del ámbito de decisión autonómico, en fase de propuesta, al ámbito de decisión nacional, en fase de aprobación o rechazo. Ese es el camino abierto en la votación de ayer: Se aprueba como propuesta el nuevo Estatuto y el texto se convierte en proposición de ley, nacional, claro, en el Congreso de los Diputados, en el caso de que esta Cámara empiece por tomarla en consideración.

Por tanto, seamos positivos quienes creemos que el proyecto consensuado en Cataluña contiene aspectos incompatibles con el espíritu y la letra de la Constitución. Las dos fuerzas políticas de la centralidad, PSOE y PP, levadura de la soberanía nacional en el Congreso y en el Senado, deben ir de la mano en todo el proceso de reformas estatutarias. Eso también lo defienden muchos diputados del PSOE.