El reglamento que desarrolla la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, aprobado ayer en Consejo de Ministros, prevé reforzar el equipo técnico de profesionales encargados de supervisar los procedimientos judiciales relativos a menores delicuentes. Así, se le encomienda la participación activa en los procedimientos de resolución judicial entre el menor infractor y la víctima o perjudicado, así como prestar asistencia profesional al menor desde el momento de la detención.

Para hacer frente adecuadamente a estas responsabilidades, se prevé una composición flexible del equipo técnico que deberá integrar necesariamente a psicólogos, educadores y trabajadores sociales, permitiendo que cada comunidad autónoma añada a estos miembros cualquier otro profesional que estime necesario.

A la policía judicial se le encomienda la investigación de las infracciones penales cometidas por los menores, bajo la dependencia funcional del Ministerio Fiscal.

Se especifica que, salvo la detención, toda diligencia policial restrictiva de derechos fundamentales debe interesarse al Ministerio Fiscal para que, por su conducto, se solicite al juez de menores.

La norma regula el modo de llevar a cabo la detención de los menores, estableciéndose que debe realizarse de la forma que menos les perjudique, y respetando los derechos que la Constitución les reconocen. Además, se pone especial énfasis en que durante la detención, los menores estén custodiados en dependencias adecuadas y se les garanticen la alimentación, vestimenta y condiciones de intimidad, seguridad y sanidad necesarias.

El reglamento regula pormenorizadamente las actuaciones de las Administraciones dirigidas a hacer efectivo el cumplimiento de las medidas judiciales, priorizando el superior interés del menor y el respeto al libre desarrollo de su persona.