José María Aznar pagó dinero público a una conocida empresa de abogados de Washington para promover su imagen como jefe del Ejecutivo español y, entre las diversas labores de asesoría, lograr las firmas necesarias que requería la concesión de su medalla de oro en el Congreso estadounidense, informó la Cadena Ser.

El ex presidente del Gobierno entregó dos millones de dólares, unos 275 millones de las antiguas pesetas.

Ramón Gil Casares, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores, ha reconocido, según la información de la Ser, que existe un contrato con el bufete Piper Rudnick firmado tres meses antes de las elecciones, aunque se ha negado a responder si éste incluía trabajos para que Aznar consiguiera la medalla del Congreso. El Ministerio de Asuntos Exteriores habría pagado esos dos millones de dólares a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.

La relación establecida con el bufete tenía como objetivo "asistir al Gobierno de España en diplomacia pública y comunicación estratégica" y reforzar las relaciones con la Casa Blanca. El contrato establecía un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores. El pago inicial se hizo a través de la Embajada de España en Washington.

Javier Rupérez, ex embajador, fue quien actuó como representante del Gobierno español para la firma de un contrato que no tenía cláusula alguna para el caso de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo, como así pasó. Este lobby se habría encargado primero de recabar apoyos para que congresistas y senadores dieran su firma para la concesión de la medalla a Aznar. El bufete de abogados incluso redactó una carta para los congresistas en nombre del embajador Rupérez "para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de Presidencia".

Cobros

Piper Rudnick realizó una facturación detallada, en la que se incluyen los tiempos que llevaba realizar cada uno de los trabajos encargados. Así, uno de sus abogados, J. Boggs, cobró 805 dólares por una reunión rápida en la Embajada de España para discutir el borrador de esa carta. Otro abogado, D. Marshall, cobró 1.110 dólares por valorar ese borrador. J. Pickup facturó 1.087 dólares por revisar esa hoja y un cuarto abogado, I. Sánchez, facturó 672 dólares más por una nueva revisión de la carta a la que apenas dedicó media hora.

Los abogados también contactaron con los despachos de los miembros del Congreso para "rogar asistencia", aunque sin mucho éxito como se comprobó entonces, a la sesión en la que Aznar se dirigió a la Cámara, el 4 de febrero. Apenas cinco días antes, los abogados intensificaron su campaña con el envío de unas 40 cartas y varias llamadas a congresistas. Este esfuerzo final costó 3.420 dólares.

Y por si faltara poco, los abogados contratados por el Gobierno Aznar también cobraron por asistir a los actos que el ex presidente protagonizó en Washington durante su viaje. Uno de los abogados facturó 1.536 dólares por estar presente en la comida que se celebró en la Cámara de Comercio. El Gobierno español insistió en estas gestiones para conseguir firmas en que se destacara que Aznar fue "un aliado firme e incondicional de Estados Unidos".