Europa cae lejos. Una lejanía social que se muestra con la indiferencia de la población por las próximas elecciones europeas. Sin embargo, la débil conciencia europea no va pareja a la gran repercusión que tiene la legislación que se aprueba en Bruselas. Desde qué mercancías pueden introducir los pasajeros en los aviones hasta los parámetros mínimos de calidad del agua depurada antes de su vertido en el medio, son solo algunos ejemplos de cómo Bruselas legisla y los Estados miembros acatan, entre ellos, España.

No sin causar algún que otro revuelo y desconcierto, las directivas europeas se adaptan a la legislación de cada país mediante un procedimiento denominado ´transposición´. Es lo que sucedió el 5 de abril de 2013 cuando, mediante el Real Decreto 235/2013, se aprobó el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Con esta norma se transponía parcialmente la Directiva 2010/31/UE, del 19 de mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios. Normativa aprobada en Bruselas que afecta a 500 millones de europeos. Europa cae lejos, pero sus efectos muy cerca.

Derivada de esta transposición de la directiva, se estableció la obligación, entre otros, de poner a disposición de los compradores de usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que debería incluir información objetiva sobre el uso de la energía de un edificio. "El fin es que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar, evaluar y mejorar su eficiencia energética. Valorando y comparando la eficiencia energética, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía", explica José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Un certificado que clasifica los edificios y las viviendas en una escala de calificación energética que va de la letra ´A´ (uso más eficiente de la energía) a la letra ´G´, siendo el más ineficiente de todos. ¿Consecuencia de todo ello? Desde el año pasado es obligatorio exhibir el certificado de eficiencia energética en todas las operaciones de compraventa o alquiler de los inmuebles. Y es que "cuando el edificio existente sea objeto de una compraventa, el certificado de eficiencia energética obtenido será puesto a disposición del adquiriente. Para el caso de un arrendamiento, bastará con una simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del certificado", señalan desde el IDAE.

Pero no ha sido la única directiva en la materia. Con el fin de promover actuaciones integrales que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque de edificios existentes del sector residencial (vivienda y hotelero) se ha puesto en marcha el Programa PAREER. Esta iniciativa está capitaneada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Con un presupuesto de 125 millones de euros, el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector Residencial, PAREER, busca mejorar la eficiencia energética de la envolvente térmica, mejorar las instalaciones térmicas y de iluminación y la sustitución de la energía convencional por biomasa o energía geoérmica.

"Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kilos de CO2 por metro cuadrado y año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio", apuntan fuentes del IDAE. Unas ayudas que, en el caso de la mejora de la envolvente térmica, son del 30% del coste hasta un máximo de 3.000 euros por vivienda o de un préstamo reembolsable del 60% del coste con un máximo de 6.000 euros por vivienda.

El programa PAREER nace de la necesidad de cumplir con el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. Así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el encargado de redactar el Real Decreto que deberá publicarse antes del 5 de junio, y que transpone una parte importante de la directiva y en concreto la relativa a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos.

Unos términos de trasposición con la que no todos están de acuerdo. "El análisis del impacto de una transposición descafeinada de la Directiva de Eficiencia Energética implicará menores ahorros energéticos a las grandes empresas, menores ingresos fiscales para la Administración y un menor crecimiento para las empresas del sector", asegura Rodrigo Morell, miembro de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) es una organización sin ánimo de lucro que en la actualidad agrupa a más de 70 empresas, entidades y organismos colaboradores que desarrollan su actividad total o parcialmente en el sector de la eficiencia energética. "A3e tiene vocación de aunar los intereses de todas las empresas que trabajen en este sector en España, representando los intereses de consultoras energéticas, Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), fabricantes de equipos y componentes y distribuidoras y comercializadoras de energía", añade.

En concreto, el estudio elaborado por la asociación se centra en la transposición del capítulo II, Auditorías energéticas, y cuantifica en 1.000 millones de euros los ahorros perdidos, en 60 millones de euros los ingresos fiscales que la Administración dejará de ingresar y en 200 millones de euros la facturación que no realizarán las empresas que trabajan en el sector de la eficiencia energética. "Y ello debido a una transposición que se aleja del espíritu de la Directiva al permitir que las auditorías energéticas las puedan realizar personal interno de la empresa, y sustituir parcialmente la auditoría energética por certificaciones energéticas de edificios", explica Morell.

El análisis realizado por A3e compara el escenario de una transposición literal, con el escenario descafeinado que, a su juicio, se va a tener tras la publicación del Real Decreto. Y lo hace comparando dos aspectos fundamentales como son que las auditorías energéticas puedan (o no) ser sustituidas parcialmente por certificaciones energéticas de edificios y que puedan (o no) ser realizadas por técnicos de la propia empresa. "No existe justificación para no ser fiel al espíritu de la Directiva ya que nadie sale ganando. La Administración, por tratar de evitar unos pequeños costes a las grandes empresas cuantificados en 200 millones de euros que se recuperarían en 1 año, deja escapar una oportunidad que generaría ventajas muy superiores para todos, incluidas las propias grandes empresas", explica Morell.

Pese a todo, trasponer una directiva de estas circunstancias no es tarea fácil. Así lo manifestó Víctor Valverde, representante de la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento del Ministerio, durante unas jornadas en Genera 2014, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente celebrada en Madrid a principios de mes. "La labor desarrollada para transponer esta Directiva es compleja. El calendario de trabajo se ha seguido para poder cumplir con los objetivos marcados. Además España acaba de enviar el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética 2014-2020 a la Comisión Europea".