El exportavoz del grupo ecologista GOB, Miquel Àngel March, se sentó ayer en el banquillo, acusado de un delito contra la ordenación del territorio, relacionado con una construcción en una finca propiedad de su familia, que está ubicada en un terreno protegido de Pollença. Aunque el fiscal no acusa porque entiende que no existe delito, un vecino le reclama, como acusación popular, una pena de dos años de prisión. Este vecino afirma que el exportavoz ecologista reformó, sin autorización, una antigua pocilga.

La familia de March es propietaria de la finca L´ Assarell, ubicada en una zona protegida de la Serra de Tramuntana. En el año 2000 solicitó un permiso para rehabilitar la vivienda principal de la finca. Al año siguiente, su madre tramitó una ayuda para subvencionar la reparación de los daños causados por el temporal.

La acusación popular sostiene que March utilizó la licencia para rehabilitar la vivienda principal para reformar también la nave agrícola anexa, hechos que él niega.

Durante el juicio el ecologista detalló que desde el año 1993 dirige una explotación agrícola en esta finca, con el objetivo de recuperar los métodos tradicionales. Detalló que durante años el terreno se utilizó para la cría de cerdos y que se construyeron una serie de naves anexas que en un momento determinado dejaron de tener ningún tipo de utilidad.

En su declaración señaló que tuvo que actuar con rapidez para solucionar los daños que padeció la propiedad tras la gran tormenta del año 2001. En concreto, el viento derribó un árbol centenario, que fue a caer sobre esta construcción agrícola. Recordó al juez que el Govern aprobó un decreto urgente para paliar los daños. Su madre tramitó esta ayuda a través del Ayuntamiento de Pollença y en la conselleria de Agricultura. Explicó que arregló los daños sin contar con la correspondiente autorización, pero aseguró que no era necesario este permiso porque se trataba de la reparación urgente de los daños ocasionados por el mal tiempo.

Contó también en su declaración que en el año 2007 decidió eliminar una parte de estas pocilgas. Dijo que lo hizo porque se trataba de una obra obsoleta y porque su estado era precario. Aseguró que no se trató de ampliar la construcción, sino de eliminar una parte de ella. Por ello, consideró que no estaba cometiendo ningún delito contra la ordenación del territorio, pues estaba eliminando construcciones que estaban en ruinas.

La finca de March fue objeto de varias visitas, tanto de la Policía Local como de la Benemérita. Uno de los agentes que inspeccionó la zona señaló que la construcción agrícola estaba reformada y que había signos que una parte había sido derruida. El testigo aseguró que no se trataba de una construcción donde se podía vivir, sino solo se podía utilizar como espacio agrícola.

Los peritos que declararon en el juicio no se pusieron de acuerdo sobre si el almacén agrícola se podía considerar obra nueva o se trataba de una rehabilitación. Sin embargo, todos ellos coincidieron en que March no hubiera tenido ningún problema en conseguir una licencia para rehabilitar este espacio porque se consideraba una obra agrícola.

El juicio continúa hoy con la exposición de los informes. El fiscal sostendrá que March no cometió ningún delito.