El Govern inicia la tramitación de la orden que ampliará el uso de las declaraciones responsables para reducir la burocracia

El Govern de les Illes Balears ha iniciado la tramitación de la futura orden que regulará el impulso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas a la Administración de la Comunidad Autónoma y a su sector público instrumental, con el objetivo de reducir burocracia y facilitar la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración.

La iniciativa, que se enmarca en el despliegue de la Ley 4/2026, permitirá identificar los procedimientos administrativos en los que sea posible sustituir una autorización previa por una declaración responsable o una comunicación previa. De esta forma, en los casos en que la normativa lo permita, ciudadanos y empresas podrán iniciar una actividad sin tener que esperar una autorización administrativa.

La futura orden también determinará los procedimientos en los que se podrá sustituir parte de la documentación acreditativa que actualmente deben presentar los interesados por una declaración responsable.

Esta declaración, acompañada de la certificación de una entidad colaboradora, acreditará el cumplimiento de los requisitos correspondiente. Esto permitirá reducir la cantidad de documentos que los ciudadanos y las empresas deben aportar ante la Administración y, por tanto, simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes.

El objetivo es trasladar a otros ámbitos de la administración el modelo de las Entidades Colaboradores Urbanísticas (ECU), que permite agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas sin renunciar a las garantías jurídicas ni a las facultades de control de la Administración. Una medida, además, que han implantado ayuntamientos de todos los colores políticos en sus respectivos municipios.

Menos papeleo y menos tiempo de espera

"La nueva regulación parte de un principio sencillo: cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, la Administración debe confiar en la responsabilidad de los ciudadanos y las empresas y comprobar posteriormente que se cumplen los requisitos establecidos", afirma el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Esto permitirá reducir los plazos de determinados procedimientos y, sobre todo, evitar que ciudadanos y empresas tengan que aportar documentación que ya no sea necesaria o que pueda ser sustituida por una declaración responsable.

La futura orden no modifica directamente procedimiento administrativo alguno. Lo que hará es identificar, de forma progresiva y con la participación de los departamentos competentes, qué procedimientos de la Administración autonómica y del sector público instrumental pueden acogerse a estos mecanismos de simplificación.

El análisis se hará caso por caso, teniendo en cuenta la normativa europea y estatal aplicable y garantizando que la simplificación no afecte a la protección del interés general ni a las garantías jurídicas.

La declaración responsable no implica, por tanto, eliminar el control de la Administración, sino cambiar el momento en que se produce: en lugar de exigir en todos los casos una comprobación previa, se refuercen los mecanismos de verificación, inspección y control posterior.

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