Advierten de que las ayudas por la guerra de Irán del Consell de Mallorca "llegan tarde" y comprometen a los ayuntamientos

El PSIB denuncia que el escudo social desplegado por el Consell de Mallorca para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán llega con ocho meses de retraso y traslada la responsabilidad a los ayuntamientos "sin ningún tipo de consenso". Los socialistas recuerdan, además, que las ayudas incorporan un requisito de acceso de cinco años de residencia "que no tiene justificación social ni normativa".

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha hecho llegar a los ayuntamientos y mancomunidades de Mallorca una propuesta de adenda para incorporar una nueva línea de financiación, conocida como escudo social. Los socialistas reconocen que la aportación económica del Consell, que alcanza los 9 millones de euros, representa un apoyo importante para los municipios, pero rechazan las formas en las que se pretende aplicar y critican que llegue meses después del estallido del conflicto en Oriente Medio cuando el presidente Llorenç Galmés presentó la medida "como si fuera una respuesta urgente".

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell, Sofia Alonso, señala que "no se puede pedir a los ayuntamientos que renuncien a unos recursos que pueden ser necesarios para ayudar a muchas familias" y asegura que el escudo "racial" -así lo denominan los socialistas- "no responde a la realidad de las necesidades que ya hace meses que afrontan las familias". "El período subvencionable comprende todo el 2026 y el 2027, peor la propuesta ha sido comunicada este 1 de septiembre, hecho que demuestra que llega tarde", ha explicado la portavoz.

Según Alonso, el Consell habría decidido trasladar a los ayuntamientos la gestión de las ayudas sin convocarlos previamente ni consensuar las condiciones de las mismas. "La institución insular elude su responsabilidad ante el aumento de precios y deja en manos de los servicios sociales comunitarios la valoración, la atención y la gestión de las ayudas, sin diálogo ni coordinación. Serán los ayuntamientos los que deberán hacer frente a las consecuencias de unas condiciones que no han sido acordadas conjuntamente", ha señalado.

Sobre la imposición que Vox consiguió imprimir sobre las ayudas, para cuyo acceso se deberá acreditar un mínimo de cinco años de residencia legal a través del padrón, Alonso critica que "no tiene nada que ver con la finalidad social de la medida" y denuncia que "no tiene ningún sentido que, para afrontar una situación sobrevenida el año 2026, se pida demostrar residencia continuada en MAllorca desde 2021". Para los socialistas, "la necesidad no depende del nombre de años que hace que una persona vive en Mallorca".

Así, desde el PSIB recuerdan que dicho requisito no aparece en ninguno de los instrumentos normativos que regulan los servicios sociales de Baleares ni de Mallorca: los socialistas advierten de que ese mecanismo no está contemplado ni en la Ley 4/2009 de servicios sociales, ni en la Cartera insular, ni en las bases de ejecución del presupuesto, ni en el Plan estratégico de subvenciones. Además, añaden, podría estar introduciendo una diferenciación injustificada entre personas residentes en Mallorca que podría vulnerar el principio de igualdad recogido en la Constitución y en la legislación local.

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