El Gobierno destina 8,2 millones de euros a Baleares para financiar programas sociales
El Consejo de Ministros aprueba el reparto de 432,8 millones entre las comunidades autónomas, un 15% más que el año pasado, procedentes del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. / Jose Luis Roca
Añádenos en GoogleBaleares recibirá 8,2 millones de euros procedentes de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para financiar programas de interés social y proyectos destinados a atender a colectivos en situación de vulnerabilidad.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas —excepto País Vasco y Navarra— y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En total, el Gobierno repartirá 432,8 millones de euros, una cantidad que supone un incremento del 15% respecto a la distribución del pasado año. La mayor parte de estos recursos será gestionada posteriormente por las propias comunidades autónomas mediante sus respectivas convocatorias de subvenciones.
El reparto de los fondos se ha realizado a partir de 13 criterios objetivos, entre los que figuran la población de cada territorio, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales y los indicadores de envejecimiento y discapacidad.
La propuesta deberá pasar ahora por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez completado este trámite, el Govern será el encargado de convocar y gestionar las ayudas correspondientes a Baleares.
Podrán acceder a estas subvenciones las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan las condiciones que se establezcan en la convocatoria autonómica. Los fondos están destinados a financiar programas de asistencia social dirigidos a personas en situación de pobreza o exclusión y a otros colectivos especialmente vulnerables.
La anterior convocatoria permitió financiar en toda España más de 10.000 proyectos de atención directa a la ciudadanía, destinados, entre otros colectivos, a personas con discapacidad, población gitana, personas mayores, niños y familias.
El sistema de distribución actualmente vigente divide la recaudación en dos grandes bloques. El 20% se destina a programas de ámbito estatal, mientras que el 80% restante se transfiere a las comunidades autónomas de régimen común para que desarrollen sus propias convocatorias dentro de sus competencias.
Este modelo fue acordado en 2021 con una vigencia inicial de cinco años y debía finalizar el pasado mes de junio. Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado una prórroga de dos años y medio, que mantendrá el sistema hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluirá la ejecución de los programas durante 2029.
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