Los hoteleros de Baleares piden al Govern usar el Registro de la Propiedad para controlar los alquileres de corta duración
Las tres patronales de las islas, FEHM, FEHIF y ASHOME, plantean aprovechar el sistema existente para identificar las viviendas y reforzar la lucha contra la oferta ilegal

Turistas en el centro de Palma. / Ana B. Muñoz
Las tres patronales hoteleras de Baleares, FEHM, FEHIF y ASHOME, han trasladado al Govern una propuesta para adaptar la Ley de Turismo al Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración y a la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Su planteamiento pasa por "mantener el identificador proporcionado por el Registro de la Propiedad", en lugar de crear nuevos registros paralelos, para mejorar el control de las viviendas destinadas a este tipo de alquiler.
Las organizaciones consideran que, "en un contexto de emergencia habitacional y de creciente presión sobre el parque residencial, las Administraciones necesitan disponer de información fiable sobre las viviendas que se destinan al alquiler de corta duración, sus características y la actividad que efectivamente se desarrolla en ellas". A su juicio, disponer de una identificación única permitiría también "reforzar la lucha contra la oferta ilegal".
La propuesta pretende que una misma vivienda pueda quedar identificada independientemente de que el alquiler de corta duración responda a motivos turísticos, laborales, de estudios o sanitarios. De este modo, las administraciones de Vivienda, Territorio y Turismo podrían compartir una misma información para ejercer sus respectivas competencias.
Aprovechar el Registro de la Propiedad
Las patronales plantean modificar el artículo 50 de la Ley 8/2012 de Turismo para que, antes de iniciar la comercialización turística de una vivienda, pueda acreditarse mediante una certificación del Registro de la Propiedad su existencia e identificación, la legitimación de quien pretende comercializarla y la ausencia de determinadas prohibiciones o incompatibilidades.
Las organizaciones defienden que "no se propone añadir nuevas exigencias, sino facilitar la comprobación de requisitos que ya contempla la normativa". El Registro permitiría verificar, entre otros aspectos, la titularidad, posibles prohibiciones estatutarias o si el inmueble está sujeto a un régimen de protección pública incompatible con el uso turístico.
Durante la aplicación del sistema estatal, aseguran las patronales, estas comprobaciones "permitieron conocer la situación jurídica de las viviendas a través del Registro de la Propiedad".
La propuesta llega después de la sentencia 620/2026 del Tribunal Supremo, de 19 de mayo, que anuló determinados artículos del procedimiento estatal para obtener el número de registro de los alquileres de corta duración al considerar que su regulación excedía las competencias del Estado. Las patronales sostienen que el fallo "ofrece a Baleares la oportunidad de adaptar su normativa turística a las exigencias europeas" y "reforzar el control previo de la legalidad de las viviendas".
Sin crear otro registro
FEHM, FEHIF y ASHOME plantean que el número de registro previsto por la normativa europea "se incorpore al procedimiento turístico mediante mecanismos de cooperación e interoperabilidad entre las Administraciones competentes y el Colegio de Registradores". El objetivo es evitar la creación de "una nueva estructura administrativa para producir un dato que ya puede obtenerse mediante el Registro de la Propiedad".
"No planteamos una herramienta para saber únicamente cuántas viviendas turísticas hay. Planteamos un sistema que permita identificar de forma fiable, en cada momento, las viviendas destinadas al alquiler de corta duración", señalan las tres organizaciones.
Las patronales consideran que la medida debe abordarse de forma transversal entre las consellerias de Turismo y Vivienda, ya que la información también podría contribuir a conocer mejor el uso del parque residencial.
La propuesta pretende avanzar, según las entidades hoteleras, en "seguridad jurídica, mejor conocimiento de la utilización del parque residencial, protección de la vivienda, control de la oferta ilegal y eficiencia administrativa".
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