La defensa de las activistas detenidas por pintar una inmobiliaria pide impugnar el atestado de la Guardia Civil por irregularidades en el proceso

La defensa de las dos activistas detenidas por presuntamente haber efectuado pintadas antiturística en la fachada de una inmobiliaria de Santa María ha pedido al juzgado que impugne el atestado de la Guardia Civil y que declare il·lícitos varios puntos del mismo, anulando así su validez probatoria e indiciaria. El escrito de alegaciones presentado señala, entre otros aspectos, que las cámaras del negocio a través de las que se identificó a las jóvenes tienen un campo de visión mayor del permitido legalmente, que se las coaccionó para que colaboraran una vez detenidas y que, ya en el interior de sus domicilios, se produjo una entrega de efectos personales "teledirigida".

El abogado de las acusadas, Josep de Luis, señala en primer lugar que las cámaras de seguridad de la inmobiliaria vandalizada vulnerarían el derecho a la propia imagen y la protección de datos de las acusadas debido a que muestran un campo de visión que sobrepasa con creces el límite de la legalidad. Según expone en el escrito, los dispositivos, en vez de limitarse a captar únicamente la fachada del negocio, graban también parte del espacio de la vía pública, incluyendo hasta tres pasos de peatones y tres esquinas distintas a la del frontispicio de la inmobiliaria.

La defensa considera este hecho de suma importancia, ya que, desarrolla en el texto, la única base de la investigación son las grabaciones captadas por una cámara que "en flagrante vulneración de los derechos fundamentales", algo que, según el letrado, obligaría a excluir del procedimiento penal dichas imágenes. Estas forman parte del atestado de la Guardia Civil y permitieron, añade de Luis, captar imágenes de las detenidas en un paso a nivel debido a que la cámara de la inmobiliaria grabó en la dirección en la que abandonaron la fachada.

Por tanto, expone el letrado, si las cámaras del negocio no incumplieran la normativa de protección de datos al mostrar un campo de visión demasiado amplio, la Guardia Civil no habría llegado al visionado de las grabaciones de los pasos a nivel en los que se las identificó.

Desproporcionalidad de las detenciones

El escrito también denuncia las formas en las que se produjeron las detenciónes. La defensa expone que, pese a que las jóvenes investigadas no tenían ningún antecedente penal, la Guardia Civil realizó una investigación excesiva sobre su identidad y sobre cualquier tipo de información relativa a las acusadas, llegando a conocer, detalla, la dirección ed su domicilio, su profesión, sus rutinas, e incluso alcanzando el punto de realizar vigilancias y seguimientos que califica de innecesarios.

Aun habiendo recopilado toda esta información, desarrolla el letrado, la Benemérita es incapaz de justificar que podía intuirse que las investigadas no habrían acudido a una citación de la autoridad judicial o policial. La Guardia Civil desplegó el pasado julio un operativo para detenerlas personalmente y trasladarlas al cuartel de Marratxí para tomarles declaración.

De Luis añade a estos factores la proximidad de la manifestación contra la masificación turística que iba a tener lugar el 26 de julio. Según explica en el texto, este hecho podría llevar a pensar que la actuación de la Guardia Civil podría tener como objetivo desincentivar la participación ciudadana en la manifestación practicando las detenciones. De hecho, según se recoge en el escrito de la defensa, un agente le llegó a decir a una de las jóvenes: "Al final el problema es que os habéis metido con gente de mucha pasta".

Irregularidades en la entrega 'voluntaria' de ropa

La táctica principal de la Guardia Civil durante la detención de las activistas fue, explica la defensa, la de fustigarlas advirtiéndolas de que tenían pruebas contra ellas, en concreto imágenes de cámaras en las que se les veía la cara perfectamente. Esto, denuncia el letrado, supondría que la finalidad de las detenciones era obtener una confesión derivada de presiones para, además, hacerla pasar por "manifestaciones espontáneas", cuando lo que realmente se estaba practicando era "un auténtico interrogatorio sin asistencia letrada".

A estos hechos la defensa suma acusaciones de coacción y amenazas hacia las detenidas para obtener su colaboración. "Si no colaboráis y la cosa se ensucia mucho, puede acabar con antecedentes"; "Si no nos ayudas tendremos que ir a tu casa a hacer un registro, y tú vives con tus padres, no? Pobre de tu madre cuando entremos allí si no sabe nada, piensa en ella"; o "¿Vas a colaborar o te pongo las esposas detrás?", son algunas de las frases que las activistas aseguran que los agentes les dirigieron durante su detención.

La defensa también denuncia que las activistas reciben la primera asistencia de un abogado las dos al mismo tiempo, por vía telefónica y con agentes de la Guardia Civil presentes en la sala. Estos mismos agentes, señala de Luis, se encargaron de informar a la primera letrada de que las detenidas accedieron a colaborar, mostrando un gran interés en que aquello constara frente a la abogada.

En último lugar, el escrito describe lo que considera una entrega de efectos personales "absolutamente teledirigida". La defensa denuncia que, una vez obtuvieron fraudulentamente la colaboración de las jóvenes, y ya en los domicilios, les fueron indicando qué piezas de ropa debían entregar. Según el relato de las detenidas, que coinciden en este punto, cuando una de ellas no encontraba alguna de las piezas que debía coger, o cuando explicaba que no tenía una pieza en concreto, los agentes cambiaban o modulaban su petición. Además de ropa, también les pidieron que entregaran botes de spray de pintura.

Con todo, la defensa califica de "ignominiosa" e "impropia de un cuerpo policial" la actuación de la Guardia Civil y solicita al tribunal que admita el escrito para impugnar el atestado y declarar ilícitos los extremos expuestos, anulando así su validez probatoria e indiciaria.

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