Galmés ordena estudiar si puede revisarse la fórmula tarifaria de TIRME y encarga una auditoría para verificar la gestión de la empresa

Llorenç Galmés mueve ficha tras haberse hecho público el crítico informe emitido por la Intervención General del Consell de Mallorca sobre la concesión de TIRME. El presidente, acatando algunas de las recomendaciones que la interventora estampó al final del documento, ha ordenado a los servicios jurídicos de la institución insular que estudien si existen posibilidades de revisar la fórmula de cálculo de la tarifa de los residuos sólidos urbanos (RSU) y ha encargado una auditoría externa para verificar la gestión y el cumplimiento normativo de la empresa concesionaria.

Tanto Intervención como el departamento de Función Pública, siguiendo las instrucciones de Galmés, han examinado estos últimos días el informe, firmado por la interventora general el pasado 24 de julio. El documento, cuyo contenido fue publicado por este diario el pasado domingo, otorga a la concesión de TIRME una valoración "desfavorable" y de "impacto grave" para la Administración. A lo largo de sus 29 páginas, el exhaustivo análisis del órgano de control cuestiona distintos aspectos económicos de la concesión y llega a calificar de "estratosférica" la rentabilidad de la empresa.

La interventora general considera que la fórmula tarifaria presenta desequilibrios estructurales perjudiciales para la Administración, sostiene que determinados incrementos pueden haber situado las tarifas por encima de los costes reales, detecta unos niveles de rentabilidad impropios de una concesionaria de un servicio público y advierte de operaciones dentro del grupo empresarial que podrían ser susceptibles de constituir una distribución encubierta de beneficios.

Tras sumergirse en la estructura económica y empresarial de TIRME, Intervención plantea una batería de medidas que comienza por una recomendación más que contundente: dar por finalizada la concesión cuando venza en abril de 2041 y redactar unos nuevos pliegos para una nueva licitación que corrija los desequilibrios del contrato vigente desde 1992. Hasta entonces, reclama una revisión inmediata de la metodología tarifaria y del mecanismo de regularización; una auditoría independiente sobre el estado de los activos de la concesión y las operaciones intragrupo; y medidas para recuperar la liquidez de TIRME.

Auditoría y revisión de la fórmula

Galmés ha decidido, por ahora, asumir dos de las sugerencias que propone Intervención. Por un lado, ha encargado al equipo jurídico del Consell que emita un estudio técnico y jurídico para ver si existe alguna posibilidad de revisar la fórmula de cálculo de una tarifa de RSU, que, a día de hoy, sigue calculándose con inversiones en infraestructuras actualizadas mediante el IPC, algo que el órgano de control califica de "inaceptable".

La segunda medida será una auditoría externa destinada a verificar la gestión y el cumplimiento normativo de la concesionaria a través de una evaluación independiente. Intervención sostiene que TIRME, al efectuar la regularización anual, y existiendo datos reales sobre los costes soportados por la empresa, usa estimaciones y fórmulas para recalcular determinadas partidas, un mecanismo que califica de "perverso" y que desapareció de la redacción del Plan Director Sectorial en 2006, aunque a día de hoy continúa aplicándose.

Toda la oposición -PSOE, Més per Mallorca y Coalició per Mallorca-, así como Comisiones Obreras y la Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza, han mostrado públicamente su preocupación por las conclusiones del informe y han instado a Galmés a aplicar las recomendaciones del órgano de control. El sindicato llegó incluso a pedir la implicación de la Fiscalía y de Inspección de Trabajo ante la gravedad del documento. Vox, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre la polémica.

TIRME defiende la fórmula

Desde TIRME aseguraron que no tenían constancia oficial del informe de Intervención, ya que, según explicaron, el Consell no se lo había remitido. La concesionaria mostró además su sorpresa por que se cuestione ahora una fórmula tarifaria que, recuerdan, se aplica desde 1996 y que procede de la propuesta presentada por la empresa en el concurso de 1992.

TIRME señaló también que la tarifa se revisa anualmente antes de su aprobación por el Pleno y que el procedimiento incorpora informes técnicos, económicos y de Intervención. En este sentido, recordó que el expediente de la tarifa de 2026 actualmente en exposición pública contiene un informe favorable de la Intervención General. La empresa añadió que el servicio y la fórmula tarifaria han sido objeto en los últimos años de auditorías externas encargadas por el Consell sin que, según aseguran, les conste que hayan detectado cuestiones especialmente relevantes. "Si el Consell tiene a bien enviarnos el informe oficialmente, lo estudiaremos y analizaremos", concluyeron desde la concesionaria.

El departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca fue consultado en reiteradas ocasiones por este diario, pero no ofreció ninguna valoración al respecto.

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