Baleares recurre ante el Supremo el nuevo reparto estatal de menores migrantes
El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que aumenta la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en Baleares hasta 434, frente a los 406 establecidos inicialmente
Imagen de menores migrantes no acompañados. / El Periódico
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El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que aumenta la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en Baleares hasta 434, frente a los 406 establecidos inicialmente. La decisión formaliza la impugnación que el Ejecutivo autonómico ya había anunciado tras la aprobación del decreto.
El Govern cuestiona los criterios utilizados por el Estado para determinar esa capacidad y considera que no están suficientemente justificados. A su juicio, su aplicación da lugar a un resultado "opaco y arbitrario" que puede beneficiar a unas comunidades autónomas frente a otras y vulnerar el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
El real decreto establece ocho criterios distintos, con diferentes porcentajes e índices para calcular la capacidad asignada a cada territorio. El Ejecutivo autonómico sostiene, sin embargo, que la norma no explica suficientemente las razones por las que se han elegido esos parámetros ni justifica de manera adecuada el resultado correspondiente a cada comunidad.
Además, el Govern vuelve a poner en duda la competencia del Estado para fijar mediante un real decreto la capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de protección y tutela de menores. En anteriores recursos, Baleares ya había defendido que la protección de menores es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. El Ejecutivo también ha alegado que en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrado el 5 de mayo de 2025 no se sometieron a votación los requisitos para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria.
La nueva impugnación se suma así a las actuaciones judiciales emprendidas por el Govern frente a la normativa estatal relacionada con la contingencia migratoria y la atención a menores extranjeros no acompañados. La Comunidad Autónoma ya ha recurrido el Real Decreto 658/2025 y el Real Decreto 743/2025, este último responsable de fijar anteriormente en 406 menores la capacidad ordinaria correspondiente a Baleares.
La directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma emitió el pasado 15 de julio un informe sobre la procedencia de recurrir el nuevo decreto. Con el acuerdo aprobado por el Consell de Govern, la Abogacía queda autorizada para presentar el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
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