La Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza reclama al Consell revisar la tarifa y auditar la concesión de TIRME

La Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza, integrada por más de 20 entidades, ha reclamado al Consell de Mallorca que revise de forma inmediata la metodología utilizada para calcular la tarifa de tratamiento de residuos y que encargue auditorías independientes sobre la concesión de TIRME. La petición se produce después de que este diario publicara el informe de control financiero del Consell de Mallorca sobre la revisión de la tarifa de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU). La plataforma sostiene que las conclusiones del documento reflejan desequilibrios en la concesión y una rentabilidad excesiva de la empresa concesionaria.

Entre los aspectos señalados por la entidad figura una valoración desfavorable de la concesión por su impacto sobre la Administración, así como la existencia de desequilibrios estructurales, elevados repartos de dividendos y operaciones intragrupo. También señala que, según el informe, los incrementos tarifarios superan los costes reales de prestación del servicio.

La plataforma cuestiona además que la revisión de la tarifa incluya incrementos del IPC aplicados a las inversiones en infraestructuras y advierte de que, si no se adoptan medidas, podría producirse un deterioro del servicio y una mayor presión sobre las tarifas. La entidad también pone el foco en las aportaciones extraordinarias realizadas por el Consell de Mallorca desde finales de 2023, que ascienden a 103,5 millones de euros para contener y regularizar las tarifas. A su juicio, las conclusiones del informe de control financiero obligan a revisar estas aportaciones. Asimismo, la plataforma critica los beneficios obtenidos por TIRME y señala que la concesionaria registró 32,6 millones de euros de beneficios en 2024.

Ante esta situación, la Plataforma reclama al Consell que aplique las recomendaciones recogidas en el propio informe. Entre ellas, plantea una revisión inmediata del contrato con TIRME, la convocatoria de una nueva licitación, una auditoría independiente sobre los activos de la concesionaria y sobre las condiciones de los créditos y operaciones intragrupo, así como una limitación temporal de dividendos, préstamos intragrupo y otras salidas de recursos. La plataforma también pide que se limite la incorporación del IPC a las amortizaciones y considera que el Consell debe adoptar estas medidas para garantizar el interés general en la prestación del servicio de tratamiento de residuos.

Por último, la entidad ha planteado a los grupos parlamentarios que soliciten la intervención de la Sindicatura de Comptes y ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales en defensa del interés público.

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