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El PSOE exige a Galmés revisar el contrato de TIRME y que el informe de Intervención "no quede en un cajón"

Los socialistas reclama al presidente del Consell que negocie una modificación del contrato y cambie la fórmula tarifaria tras las conclusiones de la Interventora General

Coalició per Mallorca reclama un sistema tarifario más transparente y compensar el sobrecoste de la insularidad

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. / PSIB

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Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reclamado al presidente de la institución, Llorenç Galmés, que actúe tras conocerse el informe de la Intervención General que cuestiona el modelo tarifario de TIRME y que abra una revisión del contrato con la concesionaria.

Cladera asegura que los socialistas ya advirtieron de la existencia del informe el día en que se aprobó inicialmente la tarifa para 2026, después de localizarlo en el expediente. A su juicio, sus conclusiones obligan ahora al equipo de gobierno a actuar. "Se tiene que revisar el contrato y cambiar la fórmula a raíz de este informe", sostiene.

La dirigente socialista recuerda además que el propio Galmés ha defendido en otras ocasiones la necesidad de atender a los criterios técnicos. "Si el presidente dice que se tiene que escuchar a los técnicos, ahora más que nunca", afirma. Para Cladera, las prácticas que recoge el informe justifican que el Consell adopte decisiones sobre la concesión: "Ante todo lo que dice el informe, creemos que Galmés tiene que actuar".

Cladera endurece también sus críticas por las aportaciones públicas destinadas durante los últimos años a contener y regularizar las tarifas de tratamiento de residuos. "Tiene que enfrentarse a TIRME en vez de regalarle 100 millones de euros", afirma. La socialista sostiene que las elevadas rentabilidades reflejadas en el informe "desmontan", a su juicio, la necesidad de haber destinado esos recursos a la concesión. "Es una tomadura de pelo para todos los ciudadanos y solo está engordando a una empresa privada", denuncia.

Las modificaciones extraordinarias de crédito aprobadas desde finales de 2023 vinculadas a las tarifas de tratamiento suman unos 103,5 millones de euros, aunque no todo ese dinero procede de fondos propios del Consell ni se ha destinado exclusivamente a la tarifa de residuos sólidos urbanos. Cladera, que ya había criticado estas aportaciones en anteriores revisiones tarifarias, considera que el informe refuerza ahora la posición mantenida por su grupo.

La líder socialista sostiene además que es posible modificar el contrato vigente y reclama al equipo de Galmés que abra una negociación con la concesionaria. "Se puede hacer una modificación del contrato, solo se tiene que negociar. Le pedimos que se ponga a trabajar en beneficio de los ciudadanos de Mallorca", señala.

Por ello, el PSOE insta al gobierno insular a "ser valiente" ante la concesión, revisar la fórmula con la que se determina la tarifa y actuar sobre las conclusiones planteadas por Intervención. "Que deje de estar entregado a TIRME, que haga una revisión de la tarifa y que este informe no quede en un cajón", concluye Cladera.

CxM reclama un sistema "más transparente" y pone el foco en la insularidad

Por su parte, el portavoz de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, ha defendido que su formación ya reclamó cambiar el sistema con el que se gestionan y regularizan las tarifas de residuos. "Fuimos los únicos que dijimos que tenía que haber un nuevo sistema más transparente, de liquidaciones, que no provocara estas improvisaciones de aportaciones millonarias y que funcionara por años naturales y mediante presupuesto", sostiene.

Salas considera que el modelo actual acaba colocando cada año al Consell ante la disyuntiva de aportar fondos públicos o trasladar el incremento a los ayuntamientos y, en último término, a los ciudadanos. A su juicio, esta situación explica las sucesivas inyecciones económicas aprobadas para contener la tarifa. Coalició asegura que ha actuado "con responsabilidad" respaldando que se limite el impacto sobre los municipios, pero insiste en que el sistema debe modificarse para evitar que estas aportaciones extraordinarias se conviertan en una dinámica recurrente.

El portavoz de Coalició per Mallorca introduce además otro elemento en el debate: la financiación del tratamiento de residuos en territorios insulares. Salas reclama a Galmés que defienda ante el Estado y la Unión Europea que Mallorca soporta unos costes adicionales por su condición de isla. "No tenemos industrias transformadoras y tenemos que sacar muchos residuos fuera. No tenemos igualdad de oportunidades", señala. Por ello, reclama que el factor de insularidad sea tenido en cuenta también en la financiación de la gestión de residuos.

Salas también se distancia de las críticas formuladas ahora por el PSOE al actual gobierno insular. Recuerda que el informe de Intervención analiza el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y sostiene que parte de los problemas señalados, especialmente los relacionados con el funcionamiento de la concesión y el reparto de beneficios, se remontan a legislaturas anteriores. "Lo que demuestra es que el problema, en vez de ir a menos, ha ido a más", afirma.

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