Intervención cuestiona en un contundente informe el modelo tarifario de TIRME y alerta de una rentabilidad "estratosférica"

La Intervención General del Consell de Mallorca ha emitido un duro informe sobre el modelo con el que se calcula la tarifa que retribuye a TIRME por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la isla. El documento, firmado definitivamente por la interventora general el pasado 24 de julio, otorga a la concesión una valoración "desfavorable" y de "impacto grave" y cuestiona de raíz algunos de los mecanismos utilizados para determinar cuánto cuesta el servicio. Desde la empresa, sin embargo, se muestran sorpendidos de que se discuta ahora "una fórmula tarifaria que viene aplicándose desde 1996".

El órgano de control considera que dicha fórmula presenta desequilibrios estructurales perjudiciales para la Administración, sostiene que determinados incrementos pueden haber situado las tarifas por encima de los costes reales, detecta unos niveles de rentabilidad impropios de una concesionaria de un servicio público y advierte de operaciones dentro del grupo empresarial que podrían ser susceptibles de constituir una distribución encubierta de beneficios.

El informe se conoce pocas semanas después de que la institución insular efectuara una revisión y reducción de la tarifa. El Pleno del Consell aprobó inicialmente el pasado 29 de julio una reducción del 10 % de la tarifa de residuos sólidos urbanos para 2026, que pasa de los 114,95 euros por tonelada a 103,46 euros.

El esfuerzo presupuestario para contener y regularizar durante los últimos años las tarifas de tratamiento de residuos supera los 103,5 millones de euros en modificaciones extraordinarias de crédito desde finales de 2023. La primera, de 43 millones, se aprobó para las tarifas de 2024 y permitió congelar los residuos sólidos urbanos en 114,95 euros por tonelada frente a la fuerte subida inicialmente planteada; 11 millones procedían de un anticipo del Govern y 32 millones de recursos propios del Consell. A finales de 2024 se añadieron otros 19,1 millones, de los que 13,5 se destinaron a bonificar íntegramente la nueva tarifa de la fracción orgánica y 5,4 a regularizar el déficit del ciclo tarifario anterior. Este verano, la institución ha aprobado otros 41,4 millones para regularizar las tarifas de 2026, 38 de ellos procedentes de acuerdos con el Govern. En conjunto, las tres operaciones suman alrededor de 103,5 millones.

Incidencias con el IPC y las regularizaciones

El origen del informe de Intervención se remonta a marzo de 2024. El Plan Anual de Control Financiero fue modificado expresamente para incorporar un análisis de la revisión de la tarifa de TIRME. Para ello, el Servicio de Control Financiero y Auditoría examinó el contrato de la concesión, sus sucesivas modificaciones y las cuentas anuales de TIRME de los ejercicios 2019-2024.

La valoración final del documento es contundente: la concesión es "desfavoralable", con un "impacto grave". Intervención sostiene que la fórmula tarifaria presenta desequilibrios que perjudican a la Administración y señala en primer lugar dos problemas a nivel contable.

El primero es la actualización mediante el IPC de determinadas inversiones en infraestructuras. Según el órgano de control, aplicar la inflación sobre el valor de esas inversiones es "inaceptable" ya que supone revalorizar activos que deberían mantenerse contabilizados a su coste histórico y puede producir una doble actualización, al incrementarse también por otras vías los gastos relacionados con su funcionamiento y mantenimiento.

El segundo problema afecta a la "perversa" regularización que se realiza una vez terminado cada ejercicio para corregir las diferencias entre aquello que se había previsto y lo que finalmente acabó costando. Intervención cuestiona que, cuando ya existen datos reales sobre los costes soportados por la empresa, continúen empleándose estimaciones y fórmulas para recalcular determinadas partidas. Y el informe añade además una circunstancia llamativa: este mecanismo de regularización figuraba en el Plan Director Sectorial del año 2000, desapareció de la redacción aprobada en 2006 y, pese a ello, se ha continuado aplicando hasta la actualidad.

Una rentabilidad "estratosférica"

El análisis de las cuentas de TIRME lleva a Intervención a poner especialmente el foco en la rentabilidad obtenida por la concesionaria. El beneficio neto pasó de 15,6 millones de euros en 2019 a 32,6 millones en 2024, más del doble en cinco años. Solo entre 2023 y 2024 aumentó de 24,28 a 32,59 millones.

Para analizar hasta qué punto son elevados esos resultados, el informe calcula diferentes ratios económicas. En 2024, TIRME registró un margen de beneficio sobre ventas del 24,05 %, un retorno sobre los activos del 10,34 % y un retorno sobre el patrimonio neto -el denominado ROE, que mide el beneficio obtenido por los accionistas en relación con el capital invertido- del 77,22 %.

Intervención llega a calificar este último porcentaje de "estratosférico". Llama la atención que, para poner la cifra en contexto, el propio órgano de control incorpora al informe una comparación con cinco de las mayores compañías cotizadas del mundo: Nvidia, Alphabet -matriz de Google-, Microsoft, Apple y Amazon.

En 2024, según los datos recogidos en el documento, el ROE del 77,22 % de TIRME supera ampliamente el de Alphabet, con un 30,8 %; Microsoft, con un 37,1 %; y Amazon, con un 24,3 %. Solo Nvidia, con un 91,5 %, y Apple, con un 157,4 %, presentan porcentajes superiores ese año. Tras efectuar esta comparación, el informe concluye que las ratios de rentabilidad de la concesionaria "no son propias de una empresa concesionaria de un servicio público", sino, según señala textualmente, "más propias de empresas privadas en situación de monopolio".

Dividendos y operaciones intragrupo

El análisis pone también el foco en el destino de los beneficios. Según las cuentas examinadas, la totalidad del resultado de los ejercicios estudiados se distribuye como dividendo. Para 2024, esa cantidad asciende a 32,59 millones de euros. Intervención detecta asimismo créditos por 50 millones de euros a empresas vinculadas y diferentes operaciones entre TIRME y sus accionistas, Urbaser y FCC Medio Ambiente, propietarios respectivamente del 80 % y el 20 % de la concesionaria.

El informe precisa que estas operaciones pueden ser legalmente admisibles, pero cuestiona su lógica económica. Los créditos renovables concedidos a empresas del grupo y determinados saldos por servicios prestados se distribuyen en proporciones muy próximas a la participación de cada accionista en TIRME. Para Intervención, estas circunstancias generan dudas sobre si responden estrictamente a criterios económicos y señala que podrían ser susceptibles de considerarse una distribución encubierta de beneficios.

El órgano de control relaciona además la política de dividendos y las operaciones intragrupo con un progresivo deterioro de la liquidez de la compañía. El informe describe la siguiente paradoja: TIRME es una empresa muy rentable y genera elevados beneficios, pero dispone cada vez de un menor colchón de efectivo para afrontar sus obligaciones inmediatas.

Con todo, Intervención plantea una batería de medidas que comienza por una recomendación más que contundente: dar por finalizada la concesión cuando venza en abril de 2041 y redactar unos nuevos pliegos para una nueva licitación que corrija los desequilibrios del contrato vigente desde 1992. Hasta entonces, reclama una revisión inmediata de la metodología tarifaria y del mecanismo de regularización; una auditoría independiente sobre el estado de los activos de la concesión y las operaciones intragrupo; y medidas para recuperar la liquidez de TIRME.

TIRME defiende la fórmula

Desde TIRME aseguran que no tenían constancia oficial del informe de Intervención, ya que, según explican, el Consell no se lo ha remitido. La concesionaria muestra además su sorpresa por que se cuestione ahora una fórmula tarifaria que, recuerda, se aplica desde 1996 y que procede de la propuesta presentada por la empresa en el concurso de 1992.

TIRME señala también que la tarifa se revisa anualmente antes de su aprobación por el Pleno y que el procedimiento incorpora informes técnicos, económicos y de Intervención. En este sentido, recuerda que el expediente de la tarifa de 2026 actualmente en exposición pública contiene un informe favorable de la Intervención General. La empresa añade que el servicio y la fórmula tarifaria han sido objeto en los últimos años de auditorías externas encargadas por el Consell sin que, según asegura, les conste que hayan detectado cuestiones especialmente relevantes. "Si el Consell tiene a bien enviarnos el informe oficialmente, lo estudiaremos y analizaremos", concluyen desde la concesionaria.

El departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, tras ser consultado en reiteradas ocasiones, no ha ofrecido a este diario ninguna valoración del informe de Intervención.

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