Baleares cuantificará el impacto de la insularidad sobre las empresas para reclamar a Europa un régimen de minimis específico

El Govern está elaborando un estudio para cuantificar con datos actualizados los sobrecostes que genera la insularidad sobre las empresas de Baleares y analizar, entre otras propuestas, si el marco europeo actual permite compensar de forma suficiente esta desventaja estructural. El Ejecutivo autonómico presentará los resultados ante el Gobierno central y la Unión Europea con el objetivo de "darles argumentos" para que se impliquen en incrementar la competitividad de los negocios del archipiélago.

El estudio, encargado a la consultora Price Watergouse Coopers (PwC), analizará los efectos de la insularidad sobre diferentes sectores y tipologías de empresas, prestando especial atención a los costes de transporte, logística, aprovisionamiento y acceso a los mercados. También estudiará el impacto de estos sobrecostes sobre la competitividad, la productividad y la capacidad de inversión de las empresas del archipiélago.

La distancia de los principales mercados, la dependencia del transporte marítimo y aéreo y los costes asociados al aprovisionamiento, argumenta el Govern, condicionan de manera permanente la actividad empresarial en Baleares. A su juicio, esto provoca que una empresa ubicada en una de las islas no compita en las mismas condiciones que una empresa situada en territorio continental.

En este sentido, uno de los principales ámbitos en los que se centrará el documento será el régimen europeo de minimis, una normativa que limita a 300.000 euros la cantidad económica en ayudas que una empresa puede recibir en tres años sin que deban ser notificadas a la Comisión Europea. En el Govern consideran que, pese al incremento del límite -que anteriormente era de 200.000 euros-, sigue siendo "insuficiente" para dar respuesta a la realidad de los territorios insulares. Ante esta situación, proponen flexibilizar dicho régimen y establecer un tratamiento específico para las empresas de las islas, de manera que las ayudas puedan compensar realmente los sobrecostes de la insularidad. En este sentido, añaden, han estado trabajando con el tejido empresarial y social para reclamar conjuntamente estos asuntos.

Desde el Ejecutivo señalan que el estudio permitirá "ir más allá de la reivindicación política" y disponer de una radiografía económica del coste de la insularidad para el tejido productivo. En este contexto, el trabajo analizará el marco normativo europeo, estatal y autonómico en materia de ayudas del Estado y estudiará los instrumentos disponibles actualmente para compensar las desventajas de los negocios insulares. También comparará la situación de Baleares con la de otros territorios insulares europeos y profundizará en las diferentes alterativas que permitan mejorar la capacidad de compensación de las ayudas públicas.

Una propuesta concreta

La intención del Govern, una vez tengan las conclusiones del estudio, no es otra que disponer de una propuesta concreta que permita definir qué medidas son necesarias, qué costes deben compensarse y qué herramientas jurídicas permiten hacerlo dentro del marco europeo.

Tanto el Govern como la presidenta Marga Prohens han defendido en el pasado estas reivindicaciones frente al Estado y las instituciones europeas, con propuestas como aumentar el régimen de minimis o la exención de determinadas ayudas para el transporte. Así, esperan que el estudio permita reforzar su posición con una base objetiva y actualizada, con un enfoque integral tanto normativo como económico y una orientación práctica para obtener "resultados tangibles y reales, útiles para la toma de decisiones".

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