Las dos activistas detenidas por las pintadas en inmobiliarias de Santa Maria solicitan poder declarar en el juzgado

Las dos activistas detenidas a mediados de julio por presuntamente realizar pintadas antiturísticas, junto a otras personas, en cinco inmobiliarias de Santa Maria han pedido poder declarar ante el magistrado de Palma que instruye el caso.

Se da la circunstancia que es el mismo juez que investiga los altercados tras la histórica manifestación contra la saturación turística del 26J por las calles de la capital balear, el magistrado Santiago Pinsach Estañol, titular de la plaza número 12 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Palma.

El juez todavía no ha señalado la fecha en la que las dos jóvenes deberán comparecer en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, para prestar declaración. Ambas mujeres, de 28 años, asistidas por el experto abogado penalista Josep de Luis, inicialmente están acusadas de un delito de daños.

Cuando fueron arrestadas por la Guardia Civil y puestas a disposición judicial el pasado 15 de julio, las dos investigadas guardaron silencio y se acogieron a su derecho a no declarar, ya que no conocían con detalle el alcance de los hechos que se les imputaban.

Sin embargo, pocos días después, las dos jóvenes activistas de Santa Maria solicitaron poder declarar ante el magistrado instructor de Palma para dar su versión de lo ocurrido.

El juez encargado de investigar la causa limita por el momento los cargos contra las dos mujeres a un delito de daños. Así, lo indica tanto en el auto en el que acuerda incoar diligencias previas, es decir, abrir la investigación judicial, como en la resolución en la que ordena la puesta en libertad de las dos investigadas sin ninguna medida cautelar.

En los inicios de las pesquisas, el magistrado se ha desmarcado de la tesis de la Guardia Civil, que en un principio apuntaba también a un delito de pertenencia a grupo criminal.

Coordinados y con premeditación

El voluminoso atestado del Instituto Armado que recoge sus averiguaciones sobre los daños causados en cinco inmobiliarias en la madrugada del pasado 1 de junio mantiene que los autores actuaron de “forma coordinada y premeditada”. Además, vinculaba las pintadas antiturísticas y desperfectos en las cerraduras al manual publicado más de un mes después, el 7 de julio, por la plataforma Menys Turisme, Més Vida de cara a la manifestación del 26J.

Las imágenes de las activistas pintando la inmobiliaria en Mallorca

Así pues, la Guardia Civil apuntaba a un delito continuado de daños, otro de daños contra el patrimonio histórico porque una de las agencias inmobiliarias está ubicada en un edificio protegido, y otro de pertenencia a grupo criminal.

El juez, en el auto en el que decide abrir diligencias previas, señala que las actuaciones “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de daños” y añade que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido” es procedente incoar diligencias previas y practicar aquellas esenciales para esclarecer lo ocurrido.

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