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El PSIB denuncia que las ayudas millonarias anunciadas por el Consell de Mallorca ante la crisis por la guerra de Irán siguen "a cero"

Los socialistas critican que el Consell haya trasladado la gestión del denominado "escudo social" a los ayuntamientos y cuestionan el requisito de cinco años de residencia para acceder a las ayudas impuesto desde Vox

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante la primera sesión del Debate de Política General.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante la primera sesión del Debate de Política General. / CIM

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Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

El PSIBha denunciado este lunes que las ayudas millonarias anunciadas por el Consell de Mallorca para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada de la guerra de Irán todavía no se han materializado. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en la institución insular, Sofia Alonso, ha asegurado que el "contador está a cero" después de que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunciara un escudo social dotado con nueve millones de euros.

Alonso ha situado esta crítica en un contexto en el que, según ha señalado, las familias mallorquinas afrontan las consecuencias económicas vinculadas a la guerra de Irán, con un aumento de la inflación y mayores dificultades para llegar a final de mes. Frente a esta situación, la representante socialista considera que el gobierno insular de Galmés y Guillermo Sánchez no ha ofrecido hasta ahora una respuesta "real y efectiva".

La dirigente del PSIB ha centrado buena parte de sus críticas en la forma elegida por el Consell para canalizar esas ayudas. Según ha explicado, la institución insular ha trasladado su gestión a los ayuntamientos sin haber abordado previamente el procedimiento con los alcaldes y alcaldesas, lo que, a juicio de los socialistas, supone añadir carga burocrática a unos servicios sociales municipales que ya se encuentran sometidos a una elevada presión.

Alonso sostiene que las administraciones locales deben asumir la tramitación de las ayudas sin conocer todavía con suficiente concreción "el cuánto, el qué ni el cómo". Para los socialistas, esta fórmula supone trasladar a los municipios una responsabilidad que debería haber asumido directamente el gobierno insular. "

A ello se suma el rechazo del PSIB al requisito "profundamente cruel" de acreditar cinco años de residencia para poder acceder a estas ayudas. Alonso ha atribuido esta condición a Vox, socio de gobierno del PP de Galmés, y ha advertido de que puede dejar fuera no solo a población migrante, sino también a personas que, debido a situaciones de precariedad, al coste de la vida o a la inestabilidad residencial, no hayan podido mantener cinco años consecutivos de residencia en la isla. "Para mantener la estabilidad en los despachos, prefieren traspasar la presión a los ayuntamientos y aplicar filtros identitarios antes que plantar cara a su socio de gobierno", ha criticado la socialista.

La portavoz socialista ha incidido especialmente en las consecuencias que, a su juicio, esta exigencia puede tener para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas sin hogar o aquellas con trayectorias marcadas por situaciones de exclusión. En este sentido, ha reprochado al gobierno insular que un mecanismo planteado como protección social pueda terminar excluyendo precisamente a parte de quienes atraviesan mayores dificultades. "El escudo social de Galmés deja fuera a aquellas personas por el que debería existir", denuncia Alonso.

Las listas de espera de dependencia, el otro frente del PSOE

El PSIB, además, amplía sus críticas a la política de dependencia del Consell de Mallorca. Según los datos aportados por Alonso, actualmente hay 1.300 personas esperando una plaza residencial, mientras que el PP ha anunciado la creación de 618 nuevas plazas. La portavoz socialista cuestiona, sin embargo, que esas plazas puedan considerarse una solución inmediata. Según ha expuesto, parte de ellas todavía no cuentan con un proyecto redactado, otras corresponden a plazas que ya existían y están ocupadas y algunas instalaciones funcionan todavía por debajo de su capacidad prevista.

Como ejemplo, Alonso ha mencionado la residencia Miquel Mir de Inca, que, según los datos facilitados por el PSIB, tiene operativas 17 de las 34 plazas previstas después de un año y medio de funcionamiento. La portavoz ha defendido que Mallorca necesita disponer de plazas residenciales de manera inmediata para atender tanto a las personas dependientes como a sus familias.

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