El PP reclama al Gobierno que active la reagrupación familiar en origen de los menores migrantes llegados a Baleares

El PP quiere que el Gobierno central intensifique la localización de las familias de los menores migrantes no acompañados que llegan a Baleares para facilitar, siempre que la ley y el interés superior del menor lo permitan, su regreso a sus países de origen. Los populares han trasladado esta reclamación al Parlament mediante una Proposición No de Ley (PNL) con la que vuelven a situar la política migratoria en el centro del enfrentamiento que el Govern de Marga Prohens mantiene desde hace meses con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el reparto de menores entre comunidades autónomas.

La iniciativa, registrada este lunes, insta al Estado a poner en marcha mecanismos que permitan identificar y localizar a los familiares de los menores y promover su reagrupación con ellos en el país de procedencia cuando se den las condiciones para hacerlo. Como alternativa, plantea que puedan quedar bajo la protección de los servicios competentes de esos países. El PP sostiene que esta actuación debe formar parte de una respuesta estatal más amplia a la presión migratoria que soporta Baleares y reclama al Gobierno que asuma sus competencias en inmigración, extranjería y control de fronteras.

La petición implica, por tanto, favorecer la repatriación de aquellos menores para los que se determine que el retorno con sus familias o su incorporación al sistema de protección de su país de origen es la opción más adecuada. No se trata, sin embargo, de una devolución automática. El Reglamento de Extranjería establece que el procedimiento de repatriación solo puede iniciarse cuando, tras recabar información sobre las circunstancias del menor, se considere que su interés superior queda satisfecho mediante la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país.

La diputada popular Cristina Gil ha defendido la propuesta ante lo que su partido considera una situación de saturación del sistema de protección de menores del archipiélago. Según los datos aportados por el PP, las instituciones baleares tutelan actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble que las 434 plazas que el Ministerio ha fijado como capacidad ordinaria para el archipiélago. La formación cifra además en 4.494 las personas llegadas de forma irregular a Baleares en 239 embarcaciones en lo que va de año.

"Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores", ha denunciado Gil. La diputadaha defendido que la protección de estos jóvenes debe ir acompañada de actuaciones en los países de origen, del refuerzo de las fronteras y de una mayor persecución de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

La propuesta del PP llega después de meses de choque institucional entre el Govern y el Ejecutivo central por el sistema de distribución obligatoria de menores migrantes procedentes de territorios cuyos recursos de acogida se encuentran desbordados. Baleares ha recurrido tanto las normas estatales que regulan ese reparto como distintas resoluciones concretas de traslado a las Islas y ha solicitado en varias ocasiones medidas cautelares para tratar de paralizarlas. Cuatro menores procedentes de Canarias llegaron finalmente a Baleares el pasado febrero después de que los tribunales rechazaran suspender sus traslados, pese a que las resoluciones habían sido recurridas por la Abogacía de la Comunidad Autónoma.

La estrategia judicial del Govern ha incluido recursos contra la modificación de la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional y contra los reales decretos estatales que regulan las situaciones de contingencia migratoria y fijan la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades. El Ejecutivo autonómico ha mantenido además su intención de impugnar las nuevas resoluciones individuales que impliquen la llegada de menores a Baleares. A finales de julio, por ejemplo, anunció que recurriría los trámites iniciados para trasladar a tres menores desde Melilla.

Ese rechazo se ha mantenido también ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta este verano. El Govern ha expresado públicamente su solidaridad con los menores que se encuentran en la ciudad autónoma, pero ha descartado que Baleares pueda asumir nuevos traslados. La vicepresidenta segunda, Antònia Maria Estarellas, lo resumió la pasada semana al asegurar que Baleares "no estamos en condiciones de acoger a más menores", argumentando que las llegadas directas a través de la ruta entre Argelia y Baleares continúan tensionando los recursos autonómicos e insulares.

La posición del Ejecutivo autonómico contrasta con la petición de Ceuta de activar los mecanismos de solidaridad entre territorios para aliviar su sistema de protección, pero coincide parcialmente con una de las vías que el propio Gobierno central ha situado ahora como prioritaria para afrontar la situación de los menores llegados a la ciudad autónoma: la localización de sus familias y, cuando sea posible con todas las garantías, su reagrupación. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló el 10 de agosto que esta sería una de las primeras opciones que estudiaría el Ejecutivo para los menores que permanecen en Ceuta.

Más allá de la reagrupación, la proposición del PP reclama un plan estatal específico para Baleares que incluya un refuerzo del control de las fronteras marítimas, actuaciones contra las redes de tráfico de personas y una mayor cooperación con los países de origen y tránsito. Los populares vuelven además a reclamar una presencia estable de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago.

La formación exige igualmente revisar los criterios utilizados para determinar la capacidad de acogida de cada comunidad, incorporando factores como la insularidad, la presión migratoria directa y los recursos realmente disponibles. Según los cálculos difundidos por el PP, el Govern prevé destinar 38 millones de euros a los consells para la atención de estos menores, mientras que la aportación extraordinaria del Estado fue de 7,78 millones en 2025 y el compromiso para 2026 asciende a dos millones.

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