Las infraviviendas de Mallorca «no se denuncian por miedo de los inquilinos a quedarse en la calle»

La inmensa mayoría de los casos de ‘infraviviendas’ que no disponen de las condiciones de habitabilidad exigidas y que llegan a manos de Consubal no llegan a denunciarse ante el Govern debido al miedo de los inquilinos a «quedarse en la calle sin tener a donde ir», afirma el presidente de esta asociación de consumidores, Alfonso Rodríguez.

Subraya que cada semana llegan a sus manos entre dos y tres casos de inquilinos que se ven obligados a residir en pisos con goteras y otros problemas de humedades, o ventanas que no cierran, por citar algunos ejemplos, porque el propietario se niega a pagar las reparaciones necesarias en el inmueble, tal y como está obligado. Y hay un factor que se repite en la inmensa mayoría de los casos: los afectados son inmigrantes.

Alfonso Rodríguez apunta que este tipo de situaciones son muy numerosas, pero admite que cuando los afectados llegan a Consubal y preguntan qué puede suceder, se les informa del riesgo de que acudan inspectores de la conselleria de Vivienda y que opten por clausurar el inmueble. Es en ese momento cuando la inmensa mayoría de esos inquilinos desiste de seguir adelante y optan por no llegar a la denuncia, alegando que no tienen ninguna alternativa residencial.

El presidente de Consubal lamenta además que se trata habitualmente de personas especialmente vulnerables, en una gran parte inmigrantes con situaciones laborales muy precarias, pero añade que los propietarios son en muchos casos individuos de clase media o media-baja, de ahí que insista en su afirmación de que «el pobre explota al pobre».

Casos atendidos

Entre las situaciones que durante los últimos meses han llegado a Consubal apunta el caso de una familia procedente de Africa, compuesta por una pareja y sus seis hijos, que vive en alquiler en una planta baja de Son Gotleu, en una «vivienda con grandes humedades, con una cocina en unas condiciones de habitabilidad imposibles y con filtraciones en el baño», por la que pagan 600 euros mensuales. Cuando han reclamado las correspondientes reparaciones al propietario, de nacionalidad española, la respuesta que reciben es que «eso es lo que hay» y que si no les gusta, que se vayan, negándose a poner remedio a las citadas situaciones.

Otro caso que ha llegado hasta Consubal es el de una familia latinoamericana formada por una pareja y dos hijos que están en alquiler en una residencia «muy antigua» con paredes de marés situada en una travesía de la calle Aragón de Palma, también con filtraciones de agua y goteras, y cuyo propietario se niega a hacer la inversión necesaria para solventar esos problemas.

Como tercer ejemplo de los casos tratados, apunta el de una mujer de avanzada edad, en este caso de nacionalidad española, que reside en una primera planta próxima al mercado de Pere Garau, con el propietario viviendo en el piso inferior, también con serios problemas de filtraciones de agua que el dueño se niega a poner remedio, a lo que se suma ventanas que no cierran correctamente.

Alfonso Rodríguez pone de relieve que estas situaciones se caracterizan por la vulnerabilidad de las personas que las padecen, que temen enfrentarse al titular del inmueble por miedo a quedarse sin un lugar en el que residir.

Un aspecto que lamenta el presidente de Consubal es que estos pisos podrían ser perfectamente habitables si se financiaran las obras necesarias, pero se trata de una inversión que el propietario se niega a realizar, comunicando a los inquilinos que si quieren solventar el problema asuman ellos los gastos de las reparaciones.

Rodríguez añade que los titulares de estos inmuebles argumentan que si las personas que viven en esas condiciones no las aceptan y se marchan, hay muchos otros que «hacen cola» para poder acceder a una residencia, aunque esta presente ese mal estado.

Habitaciones por horas

El responsable de la citada asociación balear de consumidores destaca que la sobreocupación de inmuebles por la vía del alquiler de habitaciones es otra de las irregularidades que atienden con mayor frecuencia, y pone en valor que se hagan públicas las sanciones que el Govern impone a prácticas como convertir zonas comunes (salones-comedor y similares) en dormitorios.

Apunta que también ante estas infracciones existe el miedo de los inquilinos a denunciarlas y a quedarse sin lugar donde dormir, de nuevo con los inmigrantes como principales afectados.

Alfonso Rodríguez añade que les han comunicado casos de personas que se ven obligadas a alquilar habitaciones por horas (lo que significa que la misma cama es empleada por más de un inquilino a lo largo de una misma jornada), o pisos en los que se cobra por hacer uso de la ducha.

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