Imputados por prevaricación nueve profesores de un tribunal de la UIB

Por gentileza del PSOE indultador, la política catalanista Laura Borràs podrá seguir disfrutando sin interferencias carcelarias de su mes anual de vacaciones en Can Picafort. El PP balear aplaudirá este perdón, no podemos desperdiciar ni un turista. La concentración en la actividad que destruye Mallorca olvida el caos vigente en el mundo educativo, tanto en las enseñanzas medias como superiores. Citaremos solo un par de ejemplos:

1) El esperpento ya conocido está protagonizado por Antoni Vera y el Govern de PP/Vox. Resulta que los estudiantes baleares obtienen las peores notas de Selectividad en años, y este fracaso educativo no es responsabilidad de los alumnos, ni mucho menos de los profesores o del Ejecutivo autonómico, sino de la ley educativa LOMLOE aprobada por el Gobierno socialista en 2022, y que por lo visto se dictó con el solo objetivo de fastidiar a Mallorca cuatro años después. El problema para las ultraderechas no es que haya conductores borrachos, sino que una ley prohíba ponerse al volante ebrio.

2) Hemos reservado el segundo lugar para el caso más extremo, con la vertiente penal no se bromea. Hasta nueve miembros nueve de un tribunal de profesores de la Universitat han sido imputados por un juzgado de Instrucción de los de Palma, por un presunto delito de prevaricación en una comisión de adjudicación de una plaza en el departamento de Filosofía. Todos los docentes excepto dos corresponden a la UIB, donde se desarrolló el proceso de selección que suscitó la querella de uno de los dos aspirantes descartados.

La impugnación es un procedimiento habitual por lo contencioso, que se desarrolla en paralelo pero que adquiere así una vertiente mas ominosa. La jueza tomó la decisión de citar a los nueve docentes como imputados tras escuchar la versión del afectado y querellante. Las declaraciones del pelotón de docentes estaban previstas antes de vacaciones, pero se han pospuesto a septiembre con fechas ya fijadas. La macroquerella no tiene precedentes en Balears, y mucho menos en la vecina España.

La UIB podría presumir por una vez de que anuló por dos veces la decisión coincidente de dos tribunales convocados para la adjudicación de la plaza de Filosofía, con cinco miembros completamente distintos cada uno, después de obligar a la repetición de un proceso accidentado y que sigue sin conocer un final. Sin embargo, a continuación la Universitat se muestra dispuesta a asumir las minutas de la defensa de los numerosos profesores imputados. Dos comisiones de cinco miembros equivalen a diez personas incluso con la LOMLOE, pero el presidente del primer tribunal no figura como querellado, porque el denunciante destaca su papel impecable en el seguimiento del proceso, una conducta que se corresponde con su trayectoria.

No se ha enfatizado lo suficiente la principal conexión de Mallorca con el procesamiento de Begoña Gómez. En el comentadísimo auto de la Audiencia de Madrid que obliga a la Segunda Dama a ser enjuiciada por un jurado, se sustenta el presunto tráfico de influencias en la sentencia del Tribunal Supremo del ‘caso Urdangarin’, balonmanista a quien no se nombra pero se destaca «el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición». Para ejecutar la labor contaminante, «ese sutil pero patente y efectivo sometimiento», la condición del esposo de Cristina de Borbón, a quien tampoco se nombra, estuvo «combinada y reforzada por su amistad con JLB». ¿Quién es el misterioso JLB? Podría tratarse de Jorge Luis Borges, pero le encaja mejor al mallorquín José Luis Ballester, ‘Pepote’, que se convierte así en el único espontáneo citado en un centenar de folios.

Lástima de tener atrofiado el órgano de la emoción, pero todo lo anterior viene dedicado a los héroes pacíficos y juveniles que denunciaron la ocupación de una playa a cargo del Hotel de Mar Gran Melià, el famoso edificio de Coderch en Illetes que tantas veces hemos alabado en estas líneas. Se halla emplazado junto a la casa demolida de Errol Flynn. Por cierto, los activistas fueron controlados por más policías que la entrada de setenta mil inmigrantes en Ceuta.

El activismo siempre humorístico nos lleva a las protestas vecinales en otra zona costera ocupada por una cadena mallorquina. El hotel Jardín del Sol de Iberostar ha sido denunciado ante el Govern por los residentes de la Costa de la Calma en un minucioso informe, por «ocupación extensiva del dominio público marítimo-terrestre», con una «instalación masiva de hamacas y sombrillas de uso exclusivo para los clientes, que generan una privatización de facto del espacio público». Las fotografías que acompañan la acusación nunca respondida por el PP son reveladoras. Como periodistas aplicados, reclamamos la versión de la cadena de los Fluxá, celosa de que su establecimiento «es titular de una concesión para el uso que viene realizando, de una porción del dominio público marítimo-terrestre anexa a sus instalaciones, en los términos y condiciones detallados en la misma». Acabará siendo culpa del Pacto.

Reflexión dominical ceutí: «La policía española trata mejor a los marroquíes que a los mallorquines».

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