El Govern rechaza pagar la factura por la defensa del exconseller Carlos Delgado

El Govern que preside Marga Prohens ha rechazado la factura de la minuta legal del abogado particular que contrató el exconseller Carlos Delgado para defenderle en un juicio por presunta corrupción. Se trató del juicio del llamado caso Calanova, que sentó al exalcalde de Calvià en el banquillo acusado de amañar el concurso público para beneficiar a un exsocio de su despacho legal. A pesar de que tanto la fiscalía como la comunidad autónoma y la acusación particular solicitaron pena de prisión para Delgado, el que fuera conseller de Turismo en el Govern Bauzá fue absuelto. La Audiencia rechazó todas las acusaciones vertidas en su contra.

Delgado ha esperado a que la absolución dictada por los tribunales ya sea firme para presentar ante la comunidad autónoma la factura de los honorarios que le ha presentado su abogado defensor. La factura, que todavía no ha sido abonada, asciende a la cantidad de 52.622 euros, incluidos los impuestos.

Delgado ha recurrido a la fórmula de la reclamación de responsabilidad patrimonial para solicitar el pago de dicha factura, porque entiende que fue juzgado por una decisión adoptada en su condición de conseller del Govern y, por lo tanto, tenía derecho a ser defendido por el abogado de la comunidad autónoma. Ha sido la conselleria de Presidència la que ha estudiado esta demanda económica. Se ha nombrado a un instructor y este ha decidido rechazar la pretensión de Carlos Delgado. En su informe señala que, si bien es cierto que por su condición de representante público, tenía derecho a ser defendido por la Abogacía de la comunidad autónoma, en su momento no lo solicitó y optó por contratar a un abogado particular. Es decir, el Govern se excusa en un fallo en el proceso para rechazar la reclamación del exconseller del PP.

Ha sido el propio Govern el que, antes de dar por terminado el proceso administrativo, ha reclamado al Consell Consultiu que también se pronuncie sobre esta reclamación. Y el Ejecutivo ha recibido el respaldo absoluto de esta institución independiente de asesoramiento legal. El dictamen ha sido elaborado por la letrada Virtudes Marí, nombrada vocal del Consultiu a propuesta del PP.

Dicho dictamen realiza un completo análisis jurídico y cita numerosas sentencias sobre casos parecidos que se han planteado, tanto en tribunales de otras provincias, como incluso ante el Tribunal Supremo. Se señala que, en efecto, cualquier representante público que afronta un juicio penal tiene derecho a que le defienda la abogacía de la comunidad autónoma. No es necesario que sea un conseller. La defensa se extiende a cualquier funcionario.

No es la primera vez que el Consultiu se pronuncie sobre la petición de un funcionario que reclama que se le financie, con fondos públicos, la minuta de su abogado en una defensa en un procedimiento penal. El anterior caso se refería a un funcionario del Consell que, en esta ocasión, si se le reconoció dicho derecho a ser asistido por un abogado público.

Sin embargo, este segundo pronunciamiento del Consell Consultiu es completamente distinto y ello se debe a que la jurisprudencia ha avanzado y ha exigido una serie de requisitos que son necesarios para que un abogado de la comunidad autónoma pueda asumir la defensa de un alto cargo de la administración, en este caso un conseller. Así, se establece que es necesario que se plantee esta petición de ser asistido por el letrado de la comunidad ante la administración antes de acordar la contratación de un abogado particular. Se considera que «esta petición formal es indispensable porque la Abogacía pueda comprobar, por una parte, que hay una conexión entre las funciones del empleado público y los hechos del litigio y, por otra, que no haya intereses opuestos. En el caso Calanova, estos intereses en contra sí existieron, como lo demuestra que la abogacía de la comunidad autónoma actuó como acusación particular.

El exconseller, con toda seguridad, reclamará el pago de la minuta de su abogado a través de una demanda judicial.

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