El recorte de hamacas y sombrillas tiene coste

El anuncio de la destitución de la directora general de Costas y Litoral del Ejecutivo balear, Maria Joaquina Ferrer Matas., tan solo un año después de su nombramiento, ha hecho saltar las alarmas entre algunos empresarios vinculados a los servicios de playa de Formentera, que denuncian que la responsable autonómica habría recibido «amenazas y presiones políticas» por su papel en la gestión de las autorizaciones de los lotes de hamacas y sombrillas y consideran este movimiento de sillas una acción «meramente política» que no beneficia a los adjudicatarios que sí cumplen con la ley.

La decisión de Ferrer Matas de denegar la instalación en las playas de la isla de un total de 681 hamacas y 329 sombrillas, aproximadamente un tercio de las previstas, es la razón principal esgrimida oficialmente para su cese. En total, la resolución administrativa de Costas, hecha pública el 13 de mayo por el Consell de Formentera, negaba el montaje de 16 lotes al completo y aplicaba reducciones en otros dos al considerar que no se ajustaban a la normativa vigente.

La decisión provocó una fuerte contestación tanto por parte del la institución insular como del tejido empresarial de la isla. Las críticas no procedieron únicamente de los adjudicatarios directamente afectados, sino también de hoteleros y empresarios de otros sectores, que advirtieron del perjuicio que la reducción de los servicios de playa podía causar a la imagen turística de Formentera y a la actividad económica durante la temporada de verano.

El Govern, por su parte, defendió que los planos y las instalaciones debían ajustarse a la Ley de Costas, al Reglamento General de Costas, a la orden balear que regula la distribución de instalaciones temporales (Ocamat) y a los informes ambientales del Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera. Desde la conselleria insular de Medio Ambiente aseguraron, sin embargo, no compartir los criterios «excesivamente restrictivos» aplicados en la resolución.

Presiones y exigencias

Fuentes implicadas en los servicios de playa de la pitiusa del sur aseguran que las tensiones fueron especialmente evidentes durante las reuniones celebradas tras conocerse la resolución. Estas participaron tanto en el encuentro mantenido el 11 de mayo entre los adjudicatarios y el Consell de Formentera como en la posterior reunión con representantes del Govern balear.

Según su relato, durante este último encuentro se presentaron «empresarios autorizados que ni siquiera habían sido convocados» y que, «de malos modos», afirmaron que «ya sabían a qué partido político no votarían en el futuro». Algunos de ellos se habrían dirigido directamente a la directora general para exigirle que concediera la autorización, añadiendo que después harían «lo que les diera la gana».

Ferrer Matas habría respondido insistiendo en que «la ley la tienen que cumplir todos» y recordando a los asistentes que «el contrato que tiene el Consell de Formentera con los autorizados es ilegal, porque es de seis años y la autorización es de cuatro». «Nunca un contrato puede ser más amplio en el tiempo que una autorización», remarcó la hasta ahora directora general, según los presentes en la sala en la que se celebró el encuentro.

Estos mismos testigos sostienen que, durante la reunión celebrada el 18 de mayo, los representantes del Govern ofrecieron al Consell la posibilidad de subsanar una serie de documentos para poder conceder prácticamente de inmediato el permiso de instalación. Según esta versión, la consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, rechazó esa vía y optó por interponer un recurso potestativo de reposición, para cuya resolución existe un plazo de hasta tres meses.

«Si hubieran aceptado subsanar la documentación, las hamacas habrían estado en la playa en cuestión de una semana, pero con el recurso todo se ha retrasado», afirman estas fuentes. También ponen en duda que el recurso aprobado por la Junta de Gobierno de la institución insular el 5 de junio, hace ya dos meses, se haya llegado a presentar correctamente.

«Desde el Consell se responsabiliza de la situación al Govern, pero ellos tampoco han hecho todo lo posible para agilizar los trámites y permitir la instalación de las hamacas este verano», consideran.

Canon de la Demarcación de Costas

A esta controversia se suma una posible irregularidad en los lotes que sí obtuvieron la aprobación de Costas. Según las fuentes consultadas, algunos adjudicatarios habrían instalado sus elementos sobre la arena antes de recibir la notificación del canon de explotación que impone la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El procedimiento correcto exige recibir primero la notificación, abonar posteriormente el canon y, solo después, proceder al montaje de los servicios de playa. Según estas fuentes, ese orden no se habría respetado en este caso.