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El PSOE y MÉS per Mallorca cargan contra Vera por blindar durante diez años la escuela concertada: “Supone un nuevo ataque a la enseñanza pública”

El partido socialista asegura que este decreto "limitará la actuación de futuros gobiernos", mientras que la formación ecosoberanista reclama destinar los recursos a "mejorar la red pública"

La oposición también denuncia el despido de la directora general de Costas por aplicar "con rigor" la ley

Rosario Sánchez y Amanda Fernández, durante la rueda de prensa.

Rosario Sánchez y Amanda Fernández, durante la rueda de prensa. / PSOE Baleares

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Palma

El Partido Socialista de les Illes Balears y MÉS per Mallorca han denunciado el nuevo decreto impulsado por la Conselleria de Educación, encabezada por Antoni Vera, al considerar que supone un blindaje de la escuela concertada durante una década y un nuevo paso hacia la privatización del sistema educativo. Las dos instituciones sostienen que la norma consolida un cambio de modelo en el que la educación pública deja de ser prioritaria y pasa a un segundo plano frente a la red concertada.

La candidata socialista al Govern, Rosario Sánchez, asegura que el decreto representa "el último ataque" del Ejecutivo de Marga Prohens contra la enseñanza pública. Según explica, la ampliación de los conciertos educativos hasta los diez años “condicionará la capacidad de actuación de futuros gobiernos y favorecerá decisiones basadas en intereses privados”.

Sánchez enmarca esta medida dentro de una estrategia que, según afirman, comenzó al inicio de la legislatura con iniciativas como “la segregación lingüística, la paralización de infraestructuras educativas o el impulso a la educación privada”. A su juicio, el nuevo decreto “rompe con el modelo que situaba a la escuela concertada como un complemento de la red pública” y la convierte en un eje prioritario del sistema educativo balear.

Por su parte, la candidata socialista al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, coincide en que el decreto culmina un proceso de privatización iniciado “durante toda la legislatura”. Entre los ejemplos, cita “la concertación de plazas de 0 a 3 años, el impulso a la concertada en Bachillerato y la posibilidad de destinar fondos públicos a infraestructuras de centros concertados”. Para ella, estas decisiones reducen recursos destinados a la escuela pública y aumentan las desigualdades en el acceso a la educación.

MÉS per Mallorca denuncia un cambio de modelo educativo

MÉS per Mallorca también muestra su rechazo al decreto y acusa al Govern de dar prioridad a la enseñanza concertada en detrimento de la pública. La secretaria de Organización del partido, Maria Ramon, recuerda unas declaraciones realizadas por el conseller Antoni Vera en noviembre de 2024, cuando afirmó que “no se construirían centros públicos allí donde existieran plazas concertadas”. Para la formación ecosoberanista, esa frase refleja “la línea política que ha seguido el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura”.

Lluís Apesteguia y Maria Ramon, durante la rueda de prensa.

Lluís Apesteguia y Maria Ramon, durante la rueda de prensa. / MÉS per Mallorca

No obstante, quiere dejar claro que la crítica de MÉS no va dirigida “ni a las familias ni a los profesionales de estos centros”, sino a las decisiones políticas del Govern. Asimismo, defiende que la escuela pública debe seguir siendo “el principal instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en Baleares”.

Finalmente, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, afirma que la escuela pública continúa siendo “el eje vertebrador del sistema educativo y que es la que asume la mayor parte del alumnado con más necesidades educativas”. Por ello, reclama que los recursos públicos se destinen “prioritariamente a reforzar las infraestructuras, aumentar las plantillas docentes y mejorar la calidad de la red pública”, mientras que la concertada debería mantener un papel “únicamente complementario"

El PSOE también critica el cese de la directora general de Costas por “aplicar la ley”

Rosario Sánchez también ha denunciado el cese de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, al considerar que fue destituida por aplicar "con rigor" la Ley de Costas y limitar actuaciones que, a su juicio, respondían a intereses urbanísticos. La dirigente socialista ha asegurado que esta decisión evidencia el modelo del Govern de Marga Prohens, al que acusa de “anteponer el negocio privado a la protección del litoral y al interés general".

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