Més pide más inspecciones y sanciones tras la protesta contra la privatización de una cala de Illetes por parte de un hotel

La protesta protagonizada ayer por un grupo de jóvenes en una pequeña cala de Illetes para denunciar la privatización del litoral por parte de un hotel ya ha llegado al Parlament. Més per Mallorca ha registrado una iniciativa para reclamar un refuerzo de las inspecciones y de las sanciones contra los establecimientos turísticos y de restauración que ocupen ilegalmente playas, paseos marítimos u otros espacios públicos, al considerar que este tipo de situaciones se repiten cada verano con mayor frecuencia.

La iniciativa se presenta apenas un día después de la acción reivindicativa organizada por colectivos como Menys Turisme, Més Vida, Arran Mallorca y la Coordinadora Anticapitalista de Manacor, cuyos activistas accedieron por tierra y por mar a la pequeña cala de sa Cova de sa Grava, frente al hotel de Mar Gran Meliá, para denunciar la "privatización" de un espacio público. Durante la protesta colocaron pancartas con lemas como "La isla se defiende", "Las playas siempre serán nuestras" o "Somos el mar que se rebela", y realizaron una ocupación simbólica de la playa mientras eran observados por clientes del establecimiento y por agentes de la Policía Local de Calvià.

Para Més, este episodio no constituye un hecho aislado. La formación sostiene que durante este verano han trascendido denuncias similares en distintos puntos de Mallorca, como Santa Ponça, Illetes o la Colònia de Sant Jordi, donde residentes han alertado de la instalación de hamacas, sombrillas u otros elementos que dificultan el paso o el uso normal de espacios públicos.

La diputada Maria Ramon asegura que estos conflictos son consecuencia de un modelo que "ha ido cediendo cada vez más espacio a los intereses privados en detrimento de los derechos de los residentes". "Hace años que la ciudadanía sale a la calle reclamando un cambio de rumbo porque percibe que Mallorca ha llegado al límite. La crisis de la vivienda, la saturación de las carreteras, la presión sobre los recursos naturales o la masificación de los espacios naturales son algunas de las consecuencias de este modelo. Pero también lo es que muchas personas tengan la sensación de que incluso los espacios públicos dejan de ser suyos", afirma la diputada.

Més considera que cuando un residente "no puede caminar con normalidad" por una playa, atravesar un paseo marítimo o disfrutar de un espacio público porque ha sido ocupado por una actividad privada "se ha traspasado una línea roja que una administración responsable no puede permitir".

Por ello, la iniciativa registrada en el Parlament reclama incrementar las inspecciones durante toda la temporada turística, reforzar la coordinación entre el Govern, los ayuntamientos y Costas, sancionar las ocupaciones ilegales o aquellas que excedan las autorizaciones concedidas, garantizar el libre uso de los espacios públicos e impulsar campañas informativas tanto para los establecimientos como para la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones que establece la normativa.

Además, los ecosoberanistas anuncian que presentarán enmiendas al proyecto de Ley del Litoral, actualmente en tramitación parlamentaria, para impedir que las empresas que ocupen ilegalmente la costa o sobrepasen la superficie autorizada puedan acceder a nuevas concesiones o, incluso, pierdan las que ya tienen. "Durante demasiado tiempo toda la costa de Mallorca ha estado al servicio de las empresas del sector turístico. Ha llegado la hora de que la isla y su litoral estén al servicio de los mallorquines", sostiene Ramon.

Junto a la proposición, Més ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Govern detalle cuántas denuncias ha recibido durante los últimos años por ocupaciones ilegales del litoral, cuántas inspecciones ha realizado, cuántos expedientes sancionadores ha abierto y qué medidas piensa impulsar para afrontar una problemática que, según la formación, genera cada verano más conflictos. "La defensa del espacio público es también la defensa del derecho de la ciudadanía a seguir viviendo y disfrutando de Mallorca. No podemos normalizar que los residentes tengan que pedir permiso, de forma explícita o implícita, para pasar, sentarse o disfrutar de espacios que son de todos. El Govern debe dejar de mirar hacia otro lado y actuar con contundencia ante cualquier apropiación ilegítima del dominio público", concluye la diputada.

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