El debate sobre los 15 años de residencia para acceder a una vivienda pública enfrenta al PP de Prohens y Coalició per Mallorca

La decisión del Govern de exigir 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma ha abierto una nueva batalla política por el concepto de arraigo. Apenas un día después del anuncio de Marga Prohens, Coalició per Mallorca ha reclamado ampliar ese criterio incorporando los años cotizados y el conocimiento del catalán y el castellano, mientras el PP ha reivindicado haber sido la primera formación en defender una medida similar.

La propuesta sitúa el debate sobre quién debe tener prioridad para acceder a la vivienda pública en uno de los nuevos espacios de competición política entre ambas formaciones, que aspiran a ocupar un electorado similar de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Coalició per Mallorca sostiene que el requisito de los 15 años de residencia supone un avance, pero considera que el arraigo "no puede medirse únicamente por el tiempo que una persona lleva viviendo en Mallorca". Por ese motivo plantea incorporar dos nuevos criterios: los años de cotización, como prueba de la contribución al sostenimiento del estado del bienestar, y el conocimiento de las dos lenguas oficiales, entendido como un elemento de integración y convivencia.

El candidato a la presidencia del Govern, Pere Sánchez, ha recordado que su formación fue "la primera" en plantear que el acceso a la vivienda pública priorizara a las personas con quince años de residencia y ha defendido que aquella propuesta, inicialmente criticada, ha acabado entrando en el debate político.

"Cuando nosotros defendíamos los quince años de residencia, muchos lo criticaban. Hoy aquella propuesta ya forma parte del debate político. Ahora volvemos a dar un paso más para definir un modelo de arraigo más completo y más justo", ha afirmado.

Según Sánchez, el compromiso con Mallorca "no solo se demuestra viviendo en la isla", sino también contribuyendo mediante el trabajo y compartiendo "las herramientas básicas de convivencia que representan las dos lenguas oficiales".

Por ello, Coalició per Mallorca plantea que el acceso a la vivienda protegida se base en cuatro grandes criterios: los años de residencia, los años cotizados, el conocimiento del catalán y el castellano y el cumplimiento de los requisitos sociales y económicos establecidos por la normativa vigente.

El PP reivindica la autoría de la medida

La reivindicación de la autoría del criterio de los 15 años también ha llegado desde el Partido Popular. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha compartido en las redes sociales un mensaje publicado por el PP de sa Pobla en el que la formación recuerda que ya defendió en enero de este año priorizar las viviendas del IBAVI para los vecinos con 15 años de vinculación al municipio.

El mensaje difundido por los populares añadía además que El Pi de sa Pobla (parte de Coalició per Mallorca) votó en contra de aquella iniciativa, en un movimiento con el que el PP busca reforzar la idea de que el debate sobre el arraigo fue impulsado inicialmente por los populares. La propuesta planteaba introducir un mínimo de 15 años de vinculación con el municipio mediante el padrón histórico como criterio de prioridad en la adjudicación de las viviendas, siempre combinado con los requisitos sociales y económicos.

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