Críticas al decreto que blinda los conciertos educativos de la concertada en Baleares: "Es una privatización descarada de la enseñanza"

STEI y Alternativa Docent han cargado contra el decreto de conciertos educativos aprobado por el Consell de Govern el pasado viernes, al considerar que consolida un modelo que "favorece a la enseñanza concertada frente a la pública". Ambos sindicatos rechazan especialmente la ampliación de la duración de los conciertos hasta los diez años y sostienen que la norma supone un nuevo paso hacia la privatización del sistema educativo.

El decreto amplía la vigencia de los conciertos educativos hasta una década en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, además de incorporar mejoras para el profesorado de la concertada y regular por primera vez los conciertos del primer ciclo de Infantil (0-3 años).

"Privatización descarada"

STEI lamenta que la Conselleria de Educación haya aprobado el decreto sin incorporar las propuestas incluidas en el informe alternativo del Consell Escolar de Baleares (CEIB), respaldado por la mayoría del pleno del órgano consultivo. El sindicato recuerda que había planteado que se priorizara "siempre la oferta pública" y que los conciertos solo se concedieran "cuando no pudiera cubrirse la demanda con la red pública". También defendía limitar su duración a seis años en lugar de diez.

A su juicio, la Conselleria ha mostrado un "menosprecio" hacia el CEIB al no tener en cuenta un informe aprobado por el órgano consultivo. Además, denuncia que el decreto evidencia una "privatización descarada y a marchas forzadas" de la educación, "desde la etapa de 0 a 3 años hasta las enseñanzas no obligatorias", mientras "se cierran aulas de centros públicos y se blindan ciertos privilegios de la patronal de la escuela concertada".

El sindicato también considera "inadmisible" que la Administración asuma las indemnizaciones del personal que cese con la finalización del plan piloto de libre elección de lengua. "Beneficiarse de las inversiones del plan segregador y que después la Conselleria pague los despidos, negocio redondo. ¡Hasta aquí se puede llegar!", afirman.

"Proyecto político"

Alternativa Docent sostiene que el decreto del pasado viernes "no es una simple actualización normativa", sino "un proyecto político" que "consolida y profundiza un cambio de modelo educativo" y que "traslada recursos de toda la ciudadanía hacia intereses privados". En su opinión, el Govern "blinda y privilegia la red concertada en detrimento de la pública".

El sindicato critica especialmente la ampliación de los conciertos a diez años porque, asegura, supone "diez años de manos atadas" para la Administración y "bloquea cualquier capacidad de planificar la red educativa según las necesidades demográficas reales". Además, denuncia un "doble estándar flagrante": "rigidez y sacrificio para la pública, estabilidad garantizada para la concertada".

También rechaza que el decreto contemple el pago con fondos públicos de determinadas indemnizaciones por despido en centros concertados, una medida que califica de "socialización de los riesgos empresariales", ya que, argumenta, "quien despide es el titular del centro, pero quien paga es el Govern".

Por todo ello, Alternativa Docent exige la "retirada inmediata" del decreto, la apertura de "un proceso de negociación real" con los sindicatos y la comunidad educativa y una planificación que "priorice y refuerce la red pública", además de garantizar la "gratuidad absoluta" de la enseñanza concertada y mantener el catalán como lengua vehicular del sistema educativo.

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