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GOB y Terraferida exigen a Prohens y Galmés medidas inmediatas contra la masificación en Mallorca, como la prohibición del alquiler turístico: "Ya no valen excusas"

Reclaman frenar la urbanización en suelo rústico y derogar la Ley Ómnibus, además de actuaciones de adaptación al cambio climático y de apuesta por el transporte público

Consideran que el discurso del Ejecutivo autonómico respecto al turismo "responde a una política de maquillaje", aprobando leyes que "van justo en la dirección contraria"

La vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier, y la representante de Terraferida, Tona Fuster, junto a la activista Madò Farta.

La vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier, y la representante de Terraferida, Tona Fuster, junto a la activista Madò Farta. / J.A.M.

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Palma

La multitudinaria manifestación contra la masificación turística del pasado 26 de julio fue "solo el principio". Ese es el mensaje que han lanzado este martes el GOB y Terraferida, que han reclamado al Govern y al Consell de Mallorca que dejen de "pasarse la pelota" y empiecen a aplicar medidas "concretas e inmediatas" para frenar la presión turística, urbanística y ambiental.

Las dos entidades han lamentado que, más de una semana después de solicitar reuniones con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, todavía no hayan obtenido respuesta. "Nos preocupa porque son ellos quienes tienen la capacidad de revertir esta situación", ha afirmado la vicepresidenta del GOB, Antonina Siquier. Además, ha advertido que "ya no valen excusas", porque las propuestas que plantean "dependen únicamente de la voluntad política" del Govern y del Consell.

Cinco medidas inmediatas

Una de las medidas que han planteado pasa por declarar toda Mallorca como "zona de mercado residencial tensionado", reforzar la persecución del alquiler vacacional ilegal con más inspectores y expedientes sancionadores más ágiles y reducir las plazas turísticas "hasta prohibir el alquiler turístico en todas sus modalidades".

La segunda medida consiste en impedir nuevas edificaciones residenciales en suelo rústico y decretar una moratoria para la construcción de piscinas, al considerar que se han convertido en "el elemento clave del turismo de alto standing".

Las entidades también han reclamado derogar la Ley Ómnibus y el resto de normas que, a su juicio, han reducido las garantías ambientales. Siquier ha calificado la norma aprobada por el Govern de "auténtica barbaridad" y de "Frankenstein" legislativo puesto que "va siempre a la baja" en materia de protección territorial.

Asimismo, han exigido paralizar las nuevas carreteras previstas en el Pla de Carreteres y apostar por el transporte público y la red ferroviaria, además de impulsar medidas de adaptación al cambio climático con más zonas verdes, refugios climáticos y placas fotovoltaicas en espacios ya degradados.

"Política de maquillaje"

Preguntadas por la campaña del PP, que responsabiliza al Pacte de Progrés del aumento de las plazas turísticas entre 2015 y 2023, las entidades han evitado entrar en la disputa sobre quién tiene más culpa. "Cada uno tiene la responsabilidad de aplicar las competencias que tiene", ha respondido la representante de Terraferida, Tona Fuster, quien ha insistido en que "lo hecho, hecho está", pero que ahora corresponde al Govern adoptar medidas.

La portavoz del GOB ha rechazado el discurso del Ejecutivo autonómico de que es esta legislatura cuando se están poniendo límites al turismo. "Nosotros no vemos esos límites, al contrario. Creemos que responde a una política de maquillaje para hacer ver que están de acuerdo con la ciudadanía mientras aprueban leyes que van justo en la dirección contraria", ha afirmado. En este sentido, ha pedido al Govern que "deje de pagar anuncios con dinero público y se ponga a trabajar".

Aeropuerto, ecotasa y vivienda

Las entidades también han sido preguntadas por el crecimiento del aeropuerto de Palma. Aunque han reconocido que el aumento de vuelos influye en la masificación, han defendido que el problema principal es la capacidad de alojamiento. "Si no hay donde dormir, ya puedes tener un aeropuerto grande que probablemente no vendrá tanta gente", ha resumido Siquier.

Respecto a la ecotasa, han señalado que apoyan incrementarla siempre que los recursos se destinen realmente a la conservación del territorio y "no a otros fines". También han defendido que es posible reducir el alquiler turístico sin generar problemas de seguridad jurídica. Han recordado que existen mecanismos como no renovar licencias cuando caduquen, comprar plazas turísticas o intensificar la persecución del alquiler ilegal con más inspecciones. "Que no utilicen la seguridad jurídica para meter miedo y no hacer nada", ha reclamado Siquier.

"El movimiento acaba de empezar, no pararemos", ha asegurado Siquier, quien ha atribuido el éxito de la protesta del 26J al creciente malestar social. "La sociedad está cansada y se moverá a la mínima que alguien la convoque", ha concluido.

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