El Govern exigirá 15 años de residencia legal para acceder a las 323 viviendas públicas que construirá en Palma
La presidenta, Marga Prohens, asegura que la política del Ejecutivo autonómico "no es para que venga más gente ni para seguir incrementando un crecimiento demográfico que supera cualquier previsión", sino para ofrecer una vivienda a quienes ya viven aquí

Marga Prohens y Llorenç Galmés, esta mañana durante la firma del convenio. / Consell

El Govern balear exigirá un mínimo de 15 años de residencia legal en Baleares para poder acceder a las 323 viviendas de protección oficial que el IBAVI construirá en los terrenos de Sant Ferran, en Palma. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes el nuevo requisito durante la firma del convenio con el Consell de Mallorca para la cesión de más de 33.000 metros cuadrados de suelo público, donde se levantará la mayor promoción de vivienda pública impulsada hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.
La promoción estará formada íntegramente por viviendas de protección oficial y se tramitará como Proyecto Residencial Estratégico, una figura creada por la nueva ley autonómica con la que el Govern pretende reducir de forma drástica los plazos urbanísticos para acelerar la construcción de vivienda asequible.
Durante su intervención, Prohens ha defendido que el requisito de los 15 años de residencia responde a la voluntad de que las viviendas financiadas con recursos públicos beneficien a quienes llevan años viviendo en Baleares. "Exigiremos un mínimo de quince años de residencia legal para acceder", afirma la presidenta, que presenta esta medida como una forma de priorizar a los residentes de larga duración.
La presidenta reivindica además la aprobación de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, al considerar que ha sido determinante para que esta promoción pueda ponerse en marcha. Según explica, gracias a esta normativa será posible reducir la tramitación a aproximadamente un año y medio, mientras que con la legislación anterior "estaríamos hablando de diez años para comenzar la tramitación de este proyecto".
Prohens ha aprovechado el acto para lanzar un mensaje de contenido político y ha pedido "tener muy claro quién votó a favor y quién votó en contra" de esta ley. A su juicio, si actualmente gobernara un ejecutivo de izquierdas, la promoción "tardaría diez años en convertirse en una realidad o directamente estaría bloqueada".
La presidenta también ha avanzado que el Govern mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de Palma para que el 15 % del aprovechamiento urbanístico que corresponde al consistorio pueda destinarse igualmente a vivienda protegida, incrementando así el número de pisos asequibles que finalmente se construyan.
La mayor promoción pública de vivienda en Mallorca
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha calificado la actuación como el primer proyecto residencial estratégico de promoción pública que se desarrolla en Baleares y asegura que nunca antes se había impulsado una promoción pública de estas dimensiones.
Las 323 viviendas de Sant Ferran se sumarán a las más de 1.200 viviendas públicas que el IBAVI tiene actualmente en distintas fases de tramitación en el conjunto del archipiélago, dentro de un plan de inversiones que prevé movilizar 228 millones de euros.
Prohens señala que el acceso a la vivienda constituye actualmente la principal preocupación de los ciudadanos de Baleares y defiende que el Govern está actuando "allí donde más falta hace y donde más dificultades existen para encontrar suelo disponible".
La presidenta insiste en que la política de vivienda del Ejecutivo autonómico tiene como objetivo facilitar el acceso a quienes ya residen en Baleares. "La política de vivienda no es para que venga más gente ni para seguir incrementando un crecimiento demográfico que supera cualquier previsión. Es para la gente que ya vive aquí, para la gente que tiene dificultades para pagar un alquiler o una vivienda", asegura.
Asimismo, defiende que la respuesta a la crisis residencial no puede limitarse únicamente a la iniciativa pública, sino que debe constarse con el apoyo de los promotores privados para sacar adelante más proyectos de vivienda.
Críticas al bloqueo de Son Busquets
Durante su intervención, Prohens también ha criticado al Gobierno central por mantener "bloqueada" la promoción de vivienda pública prevista en los terrenos de Son Busquets, y contrapone esa situación con el impulso del proyecto de Sant Ferran, que define como la mayor actuación de vivienda pública actualmente en marcha en Mallorca.
La dirigente autonómica apela además a la colaboración entre administraciones para afrontar el problema de la vivienda. "Los ciudadanos no entienden ni tienen por qué entender de competencias; es un problema que tenemos que resolver entre administraciones", afirmó.
35 viviendas sociales para el Consell
El convenio firmado este lunes contempla la cesión gratuita por parte del Consell de Mallorca de una parcela de 33.131 metros cuadrados al IBAVI para la construcción de las 323 viviendas públicas. A cambio, el instituto autonómico cederá posteriormente al Consell 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, además de un local de unos 400 metros cuadrados para actividades culturales y un solar de 3.000 metros cuadrados destinado a equipamientos para la infancia.
Los terrenos, valorados en 4,6 millones de euros, se encuentran en la zona de Sant Ferran, entre el polideportivo, las instalaciones de las llars de la Infància i de la Joventut y el Velòdromo Illes Balears. La previsión del Govern es dejar iniciada la tramitación del proyecto durante esta legislatura para acelerar al máximo el inicio de las obras mediante la figura del Proyecto Residencial Estratégico.
El PSIB-PSOE ha cargado contra la política de vivienda del Govern al considerar que ha contribuido a disparar los precios del alquiler y la compraventa durante la presente legislatura. La diputada Mercedes Garrido ha denunciado que, en los tres años de mandato de Marga Prohens, el precio de la vivienda en venta ha aumentado cerca de un 30 %, hasta el punto de que adquirir un piso de unos 80 metros cuadrados supera ya los 500.000 euros, mientras que los alquileres han pasado de situarse entre los 900 y los 1.000 euros mensuales a alcanzar los 1.600 o 1.800 euros. Según los socialistas, esta escalada convierte a Baleares en la comunidad con el alquiler más caro de España y es consecuencia de la negativa del Govern a aplicar la limitación de precios prevista en la ley estatal de vivienda.
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