Abogados de la Comisión de Derechos Humanos condenan las cargas policiales del 26J y piden una investigación judicial

La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) ha condenado la actuación policial al término de la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado 26 de julio en Palma y ha reclamado la apertura de una investigación judicial "independiente y eficaz" para esclarecer las cargas que dejaron una "veintena de heridos".

En un comunicado, el órgano colegial considera que las imágenes difundidas en medios de comunicación y redes sociales muestran una actuación policial "innecesaria, arbitraria y desproporcionada" contra personas que participaban de forma pacífica en la protesta convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida.

La Comisión sostiene que han visto "cargas policiales indiscriminadas contra personas en actitud no violenta y agresiones con porras a ciudadanos en actitud pacífica, de pie con los brazos en alto en señal de paz, o que simplemente estaban haciendo fotografías o vídeos, entre ellos un fotoperiodista que se encontraba realizando su trabajo".

Asimismo, añaden que, por el momento, no les consta "que se haya acreditado la producción" de actos violentos por parte de los manifestantes que justificaran esa intervención policial.

"Violencia policial innecesaria"

Además, recuerdan que el derecho de reunión y manifestación está protegido por el artículo 21 de la Constitución y por la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos, por lo que las administraciones tienen la obligación de garantizar el desarrollo pacífico de estas concentraciones.

En este sentido, subrayan que "debe presumirse el carácter pacífico de una reunión o manifestación" y que corresponde a las autoridades acreditar, mediante "pruebas creíbles" e "indicios fácticos objetivamente verificables", la existencia de comportamientos violentos.

Así, remarcan que "la violencia real de unos pocos participantes no hace que una reunión no sea pacífica" y que el derecho de quienes se manifiestan de forma pacífica debe seguir siendo protegido aunque otras personas puedan cometer actos violentos.

Piden depurar responsabilidades

La comisión asegura que se produjo "el empleo injustificado de elementos disuasorios peligrosos contra manifestantes indefensos y periodistas". Asimismo, denuncia que las cargas "atentan directamente contra el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la integridad física".

Por ello, solicita que se abra una investigación judicial para esclarecer las lesiones sufridas por, al menos, una veintena de asistentes e identificar "a los responsables de ordenar y ejecutar estas agresiones".

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