El Consell de Mallorca rebaja un 10% la tarifa de residuos entre las críticas de la oposición por las aportaciones millonarias a TIRME

El Consell de Mallorca ha dado este miércoles el primer paso para rebajar un 10% la tarifa de tratamiento de residuos sólidos urbanos en 2026, una de las promesas del presidente Llorenç Galmés para la presente legislatura que ha vuelto a situar la financiación del sistema de residuos en el centro de la disputa política. La reducción ha superado su aprobación inicial con los votos favorables de PP y Vox, el rechazo de PSIB y MÉS per Mallorca y la abstención de Coalició per Mallorca.

La nueva tarifa ha quedado fijada en 103,46 euros por tonelada, frente a los 114,95 euros anteriores, y se hará efectiva a partir del 1 de septiembre. Paralelamente, el Consell ha autorizado una modificación de crédito extraordinaria de 41,4 millones de euros para regularizar las tarifas de tratamiento. Según la institución insular, 38 millones proceden de los acuerdos alcanzados con el Govern: 25 millones vinculados al plan piloto para el traslado a Mallorca de residuos procedentes de Ibiza y otros 13 millones correspondientes al fondo de prevención y gestión de residuos.

El gobierno insular ha vinculado la rebaja a la subvención directa de 50 millones de euros prevista en la legislación balear de residuos para el Consell como administración receptora de los residuos procedentes de Ibiza. A ello ha añadido los ingresos que espera obtener por la llegada de esas toneladas y por la generación de energía eléctrica, dos factores que, según ha defendido durante el pleno el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, deberían repercutir favorablemente en las tarifas de los próximos ejercicios.

Más de 100 millones a TIRME

La medida ha permitido al PP exhibir una rebaja que había situado entre sus objetivos políticos para la legislatura. Bosch ha defendido que el Consell no solo ha mantenido congelada la tarifa durante el mandato, sino que ahora ha conseguido reducirla un 10%. El conseller ha recordado además que, cuando el actual gobierno llegó a la institución, la propuesta de TIRME situaba el precio en 225 euros por tonelada, frente a los 103,46 euros aprobados inicialmente este miércoles.

Pero ha sido precisamente la fórmula elegida para hacer posible esa reducción la que ha concentrado buena parte de las críticas de la oposición. PSIB y MÉS han cuestionado que pueda presentarse como una rebaja estructural mientras se movilizan decenas de millones de euros para sostener el sistema. El debate no ha girado tanto alrededor del descenso nominal de la tarifa como sobre quién acaba asumiendo su coste y hasta qué punto las sucesivas aportaciones públicas resuelven los desequilibrios del modelo.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha calificado la rebaja de "ficticia, insostenible y pagada íntegramente con dinero públicos" y ha puesto el foco en los 41 millones movilizados ahora y en las aportaciones realizadas anteriormente durante la legislatura. Según los cálculos del PSIB, estas superarían conjuntamente los 100 millones de euros. Cladera también ha cuestionado que exista un mecanismo que garantice que la reducción termine trasladándose efectivamente a los ayuntamientos y a las familias.

MÉS per Mallorca ha llevado el argumento un paso más allá y ha presentado la operación como una contradicción de la política de residuos del PP. Su portavoz, Catalina Inés Perelló, ha reprochado al gobierno insular que primero prometiera reducir la tarifa, después defendiera la llegada de residuos de Eivissa como una forma de contribuir al equilibrio económico del sistema y ahora tenga que movilizar otros 41,5 millones de euros. La formación ecosoberanista ha sostenido que las aportaciones extraordinarias realizadas durante esta legislatura superan ya ampliamente los 100 millones de euros. En esa cifra ha incluido una modificación de crédito de 43 millones en noviembre de 2023, cerca de 19 millones a finales de 2024 y la operación actual. "El Consell se ha convertido en el cajero automático de TIRME", ha criticado la portavoz.

Coalició per Mallorca ha optado por la abstención. Su portavoz, Antoni Salas, ha reconocido la complejidad del problema y ha considerado razonable que Mallorca pueda tratar temporalmente residuos procedentes de Eivissa o Menorca cuando estas islas lo necesiten. Sus críticas se han centrado, sin embargo, en la reiteración de aportaciones durante la legislatura y en el riesgo de trasladar el coste a los municipios si el Consell dejara de asumirlo. Salas ha reclamado al gobierno insular capacidad para negociar con el Gobierno central y con las instituciones europeas un tratamiento específico para la realidad insular, tanto por el coste del traslado de residuos como por el esfuerzo asociado al reciclaje y al tratamiento de la fracción orgánica.

Vox, en cambio, ha cerrado filas con el PP y ha reivindicado la reducción como parte de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones. Su portavoz, Toni Gili, ha defendido que las aportaciones repercuten en una infraestructura de Mallorca y permiten, al mismo tiempo, reducir la tarifa.

Impacto en las tarifas

Más allá del choque político, la modificación aprobada inicialmente ha mantenido también a cero la tarifa correspondiente al tratamiento de la fracción orgánica recogida selectivamente. El Consell seguirá asumiendo íntegramente ese coste para evitar su repercusión sobre la ciudadanía. La tarifa de lodos procedentes de depuradoras ha quedado fijada en 239,31 euros por tonelada y la de restos de animales muertos y de matadero del sector primario, en 37,20 euros.

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