La violencia policial en la protesta desata una ola de indignación

La violencia desplegada por la Policía Nacional en los instantes finales de la masiva manifestación contra el modelo turístico de Mallorca ha desatado una oleada de críticas hacia la actuación de los agentes y ha provocado que multitud de entidades, partidos políticos y sindicatos hayan exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, a quien señalan como máximo responsable del duro y polémico operativo policial, que se saldó con ocho heridos. Aunque el socialista dejó claro que no renunciará a su cargo, durante el día de ayer se produjo un goteo constante de pronunciamientos y de comunicados contra su figura a causa de las cargas policiales y de las imágenes que se produjeron al final de la marcha. Incluso la presidenta del Govern, Marga Prohens, señaló a Rodríguez como máximo responsable de lo sucedido y le exigió que diera explicaciones públicamente.

A primera hora de la mañana, el GOB emitía un comunicado en el que, además de celebrar el éxito de la protesta, reclamaban una explicación al delegado del Gobierno después de una actuación de la Policía Nacional «violenta y desproporcionada». Los ecologistas pidieron que aclare «los hechos» porque no se puede aceptar que una manifestación «pacífica y ejemplar» acabe con «personas heridas, entre ellas un fotoperiodista».

Prácticamente de forma paralela también se posicionaba la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, expresando su «indignación y rechazo» por el tratamiento dado a la movilización ciudadana. La Junta Directiva de la entidad vecinal difundió un comunicado en el que se sumaba a las voces que reclaman la dimisión de Rodríguez, al que señalaron como responsable político de las intervenciones de la Policía Nacional realizadas antes y durante la protesta.

Por su parte, el STEI condenó «con la máxima firmeza» la actitud de la policía y consideró que las cargas fueron «del todo desproporcionadas» y sin «ningún tipo de justificación». El sindicato educativo sostenía que las fuerzas de seguridad deben ser «garantes de los derechos de la ciudadanía y de las libertades colectivas» y no «agentes de una violencia gratuita».

Condena política

Poco después empezaron a llegar las primeras reacciones políticas. Més per Mallorca convocó a los medios en su sede de Palma para exigir la dimisión del delegado del Gobierno y denunciar que la actuación policial fue «premeditada» y «en contra de la imagen de una protesta pacífica y triunfal en la que se pedía un cambio en el modelo económico». El coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, aseguró que el final de la marcha estuvo «manchado por una irresponsable, injustificable e indecente respuesta por parte de la Delegación de Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y advirtió al Gobierno español del PSOE de que «no podrá contar con nuestro apoyo mientras detenga, criminalice, persiga y apalice a aquellas personas que están pidiendo poder vivir dignamente en su casa».

Podemos se sumó a las críticas y exigió la dimisión de Rodríguez por un «uso indiscriminado de la fuerza» durante la manifestación. También la coordinadora de Moviment Sumar, Aurora Ribot, reclamó explicaciones a la Delegación del Gobierno, y señaló que los últimos episodios ocurridos en las islas hacen pensar en «una especie de excepcionalidad democrática en la que no se puede criticar el modelo económico sin sufrir represalias». En la misma línea se pronunció Esquerra Unida Illes Balears, que exigió a Delegación que aclare lo ocurrido y advirtió de que «no podemos normalizar» que quienes defienden la vivienda, el territorio y unas condiciones de vida dignas «sean tratados como un problema de orden público».

Coalició per Mallorca también consideró «desproporcionada» la actuación policial y su candidato al Govern, Pere Sánchez, reclamó «una investigación exhaustiva» para esclarecer lo sucedido.

La polémica también dio el salto a la política nacional: los dirigentes de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, condenaron a través de sus redes sociales la intervención de la Policía Nacional y tildaron de «salvajada» y «carnicería» lo sucedido en el Parc de la Mar. Ambos exigieron que se debían asumir responsabilidades políticas y el propio Rufián llegó a señalar directamente a Rodríguez en su mensaje.

Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y calificó los hechos como «intolerables».

La actuación policial llegará además al Congreso de los Diputados de la mano del grupo parlamentario de Sumar, que registró una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno sobre la actuación policial en la manifestación, en concreto sobre si la considera adecuada. Asimismo, también preguntó al Ejecutivo si ha abierto alguna investigación interna para esclarecer la actuación de los agentes y si tiene previsto exigir responsabilidades en el caso de que se determine que hubo una intervención desproporcionada. n

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