El Supremo refuerza el bloqueo a las 600 licencias de VTC solicitadas por Uber para las islas

El Tribunal Supremo ha aceptado a trámite el recurso de casación presentado por las federaciones de taxistas de las islas contra la sentencia del Tribunal de Justicia de Balears (TSJB) que obligaba al Govern a tramitar de nuevo las 600 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que había solicitado la empresa Moove Cars, con cuya flota opera la plataforma Uber. Eso supone reforzar el bloqueo para esas 600 autorizaciones, ya que la decisión definitiva del Alto Tribunal sobre esta materia puede tardar más un año en producirse, según pone en valor el presidente de Taxis-PIMEM y de una de las federaciones recurrentes, Gabriel Moragues.

El conflicto judicial nació tras la decisión del anterior Govern de denegar las 600 licencias de VTC reclamadas por Moove Cars alegando que con ello se superaba la proporción fijada para este tipo de vehículos en relación con la cifra de taxis, que en Mallorca era un coche de esta primera categoría por cada 12,6 de la segunda. Esta empresa presentó un recurso ante el TSJB, por considerar que el hecho de fijar ratios iba en contra de la legislación europea que no acepta criterios basados solo en cuestiones económicas, que consiguió una sentencia favorable que obligaba al Ejecutivo autonómico volver a tramitar las citadas autorizaciones.

Recurso de los taxistas

La Federación Independiente del Taxi de Balears (vinculada a la asociación de PIMEM) y la Federación del Taxi de Balears (en la que se encuentra la de la part forana de Mallorca) optaron por presentar ante el Supremo el citado recurso de casación (algo que no hizo el Govern del PP) escudándose en que en el caso del archipiélago la aplicación de la citada ratio entre VTC y taxis estaba justificada por cuestiones que van más allá de las económicas, y que se explican por el hecho insular y de la estacionalidad.

Estos mismos argumentos ya habían sido utilizados por el Gobierno canario a la hora de presentar también un recurso de casación ante el Supremo, y este Tribunal ha decidido aceptar los dos.

Impacto del auto del Supremo

Gabriel Moragues pone en valor que aunque el actual Govern ya impulsó un cambio en la legislación balear para poder denegar las citadas licencias, la decisión del Supremo refuerza la paralización a la hora de tramitar de nuevo esos 600 permisos, pero además subraya que garantiza que va a suceder lo mismo con cualquier sentencia favorable del TSJB que pueda darse en torno a los recursos presentados por otras empresas del ramo.

Un aspecto avanzado por el presidente de Taxis-PIMEM es que las federaciones del sector van a insistir ante el Supremo en que la denegación de las 600 licencias reclamadas por Moove Cars no vino motivada por simples cuestiones económicas, que es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido rechazando, sino que se va a entrar en la cuestión de fondo, y es si las limitaciones territoriales de unas islas (argumento esgrimido también desde Canarias) permiten fijar proporciones entre taxistas y VTC, al igual que la cuestión de la elevada estacionalidad que registra su economía debido al turismo.

Pero insiste en que la modificación de la legislación balear ya supone un obstáculo difícil de superar por las empresas de VTC dado que esas licencias se pidieron con carácter estatal, y estos coches no dan ningún servicio entre diferentes autonomías al estar en unas islas, lo que facilita que sean denegadas.

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